El asedio al Parlamento catalán puede llevar a prisión a 22 acusados

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros 29 diputados tuvieron que entrar en el Parlamento de Cataluña en helicóptero el 15 de junio de 2011, cuando el Pleno de la Cámara autonómica iba a debatir un proyecto de ley de medidas fiscales. Ese día, unas 600 personas se concentraron en las inmediaciones del hemiciclo y comenzaron a arrojar «objetos contundentes» contra los parlamentarios y agentes de policía. El resultado: 45 heridos. Algunos diputados tuvieron que entrar ocultos en coches Policiales o en helicópteros.

Un total de 22 personas que presuntamente participaron en esos hechos fueron identificadas. La investigación llevada en la Audiencia Nacional acabó ayer con la resolución del juez Eloy Velasco de considerar esas acciones como un delito contra las instituciones del Estado, con empleo de fuerza, violencia o intimidación para impedir a los diputados ejercer sus funciones. Un delito que está castigado con penas de entre 3 y 5 años de cárcel.

El fiscal, las acusaciones y las defensas tienen ahora un plazo de diez días para pedir la apertura de juico oral, y, en su caso, presentar los correspondientes escritos de acusación, o el sobreseimiento de la causa.

El magistrado esgrime que la «alta pena» de ese delito es la aplicable a estos hechos porque las acciones en cuestión se realizaron prevaliéndose de la «intimidación ambiental», aprovechando «la cobardía de la acción del grupo, y no aisladamente, y ejerciéndolos sobre parlamentarios que actúan en el ejercicio de su cargo... en un acto de extralimitación del derecho de manifestación». Por ello, la «acción violenta se convierte en grave y, por ende, en delictiva».

En este punto, el magistrado argumenta que la acción individual de cada uno de los identificados se convierte en «grave» porque, entre otras razones, voluntariamente «asumen» y «desean» los resultados, y a la «coacción propia» hay que añadir «la del contexto ambiental del que se prevalen, convirtiendo por ese pacto de grupo su acción en una acción grave y punible».

De hecho, recuerda cómo algunos diputados afirmaron haberse sentido «intimidados» o temer «por su integridad física».