El bloqueo político no sale gratis: cuesta 13 millones a los bolsillos de los españoles

Desde que se disolvieron las Cámaras en marzo solo se ha celebrado el Pleno de constitución de las nuevas Cortes. La continua subida y bajada del telón legislativo que supondría la celebración de otras elecciones no sale gratis.

Nadie duda de que los representantes en la Cámara Baja necesiten percibir un salario por su servicio en el Congreso, pero el hecho de que más de tres meses después de las elecciones generales continúen las dificultades tanto para ponerse de acuerdo para formar Ejecutivo vuelve a agitar el fantasma de la repetición electoral y la inestabilidad política. En consecuencia, emerge la pregunta de si es justo que sus señorías cobren sin apenas pisar el hemiciclo y se vayan de vacaciones. Desde que en el mes de febrero Pedro Sánchez fijó el 28-A para los comicios y hasta el próximo 10 de noviembre –fecha en la que se celebrarían de nuevo– el gasto en sueldos de los miembros del Congreso, indemnizaciones y pago a la Diputación Permanente ascendería a 13,2 millones de euros, según los cálculos elaborados por LA RAZÓN con los datos oficiales de la página del Congreso.

Estos más de 13 millones no representarían una cifra insólita de no ser por el contexto de continuas subidas y bajadas del telón legislativo y su consiguiente inactividad ya que si se celebrasen otras elecciones serían ya ocho meses en blanco, sin plenos ni comisiones a día de hoy que justifiquen la inversión económica.

Teniendo en cuenta que la Constitución establece en su artículo 78 que, tras la disolución de las Cámaras, será la Diputación Permanente la que vele por el correcto funcionamiento de las Cortes cuando éstas no están reunidas, desde el pasado 5 de marzo fueron sus 129 miembros quienes se encargaron de la actividad parlamentaria. Con la calculadora en la mano y según su régimen económico, sus componentes continuaron percibiendo la cantidad que recibían anteriormente, entre la asignación constitucional y los complementos. Por lo tanto, los 60 fijos y los 60 suplentes percibían como mínimo el mencionado salario base de 2.972,94 euros y su correspondiente indemnización –una especie de ayuda para costearse la vivienda–. Su cuantía varía entre los 1.921,20 euros para los diputados de circunscripciones distintas a Madrid y de 917,03 euros para los electos por Madrid. Está presidida por el presidente de la Mesa del Congreso, dos vicepresidentes y secretarios que, además de su sueldo base, recibían los complementos correspondientes por su cargo.

En el mes de marzo, la popular Ana Pastor ocupaba este puesto y recibió, además del salario base, este extra que incluye el complemento como miembro de la Mesa (3.257,24), gastos de representación (3.537,11) y de libre disposición (2.900,12), cuyo cómputo suma 9.694,47 euros. Tanto los vicepresidentes como secretarios reciben el mismo complemento pero en cantidades menores. Formaban parte de esta Diputación, entre otros, Micaela Navarro (PSOE) o Gloria Elizo (Unidas Podemos), que recibían 3.106,02 y 2.589,02 euros, respectivamente, solo como complemento. Otro dato llamativo es que los casi 130 miembros de este órgano no solo cobran la asignación base durante ese periodo, sino que también ingresan los «pluses» correspondientes por haber desempeñado cargos en comisiones en la legislatura anterior. Si sumamos todos los sueldos durante los 54 días que pasaron hasta la celebración de las elecciones del 28 de abril, el monto asciende como mínimo a 1.313.216 euros. Ahora bien, en su favor hay que decir que durante estos casi dos meses, sus señorías tuvieron trabajo, principalmente, para convalidar los decretos leyes del Gobierno de Sánchez en sus conocidos «viernes sociales».

Otro de los gastos a los que ha hecho frente la Administración es la conocida como indemnización de transición. Es lo que se conoce como «finiquito o paro de sus señorías», una percepción económica que reciben los diputados que dejan de serlo hasta que se celebran otras elecciones, siempre que acrediten que no tienen otros ingresos. Se trata de una paga única a la que muy pocos políticos renuncian. En la anterior legislatura, un total de 216 diputados la solicitaron y solo cinco renunciaron a ella. Su reembolso supuso un coste de 1.252.000 euros. Dado que la representación pública no se considera «trabajo», los parlamentarios no tienen derecho a la prestación por desempleo. Para cubrir ese vacío se fijó la «indemnización por cese», que no se puede compatibilizar con ninguna otra retribución pública o privada. Su cuantía equivale a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato y hasta un límite de 24 mensualidades. Hasta el momento el Congreso ha autorizado el reembolso de más de 1,2 millones de euros por el cese a un total de 76 diputados de la anterior legislatura que no renovaron su cargo.

El resultado de las elecciones dibujó un escenario muy complicado con el Partido Socialista de Pedro Sánchez como ganador, pero sin una mayoría suficiente para formar Gobierno. De hecho, fue la fuerza que ganó unas generales con menos escaños en la Historia, de ahí que tres meses después siga sin presentarse a la investidura y colapsando la actividad parlamentaria, pese a que el encargo del Rey fue a principios del mes de junio.

Desde que España acudió a las urnas hasta la constitución de las actuales Cortes Generales transcurrieron 23 días en los que la Diputación Permanente continuó trabajando hasta que el 21 de mayo, en teoría, arrancó el nuevo curso político. Como mínimo, su coste –siguiendo los mismos parámetros que en el anterior cálculo– fue de 503.399 euros.

A partir del mismo día que sus señorías juraron su cargo y se inauguró la XIII Legislatura, empezaron a recibir su salario, como es lógico. 350 diputados que perciben al menos 4.893 euros cada uno, sin contar con «pluses» relacionados con comisiones, dado que hasta ahora Meritxell Batet no ha constituido ninguna, pese a la insistencia de la oposición en bloque o Junta.

Hasta el momento, la actividad en la Carrera de San Jerónimo se caracteriza por ser escasa o nula, más allá del pleno de composición de la Cámara que se celebró hace 48 días. Por otro lado, el artículo 73 de la Carta Magna, por un motivo que cada vez se entiende menos, establece que se reúnen anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio. Es decir, hay tres meses al año que no son hábiles para la actividad parlamentaria: enero, julio y agosto. Son las conocidas como vacaciones parlamentarias. El 22 de julio, fecha en la que se celebra la primera sesión de investidura, los diputados interrumpirán sus vacaciones para ir a trabajar. Será el segundo Pleno al que asistan.

Si se cumple el guión y las conversaciones continúan atascadas, lo más probable es que el presidente en funciones fuerce otras elecciones que serían el 10 de noviembre. En ese hipotético escenario volveríamos a repetir el mismo esquema. Los diputados recibirían el salario correspondiente a los cuatro meses y dos días que habría durado la XIII Legislatura, que se prolongaría hasta el 23 de septiembre y se convertiría en la segunda más corta de la Historia. Ese intento de Gobierno tendría un coste de 6.850.200 euros en salarios de los diputados y miembros de la Mesa, a lo que habría que sumar 1.089.703 euros en concepto de indemnización de transición y otros 1.028.685 euros para la Diputación Permanente, que otra vez velaría por el correcto funcionamiento de la Cámara Baja.

En definitiva, estos ocho meses de bloqueo político –desde marzo a noviembre– sin actividad, ni siquiera de control al Ejecutivo en funciones de Sánchez, que suma ya 71 días, supondría un mínimo de 13,2 millones de euros a las arcas del Estado.