El Congreso evaluará las leyes del Gobierno cada dos años

El Gobierno se prepara ya para un Debate del Estado de la Nación –días 20 y 21– que inevitablemente estará condicionado por el «caso Bárcenas». Esta previsión les está obligando a introducir cambios en la estrategia con la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prepara esta relevante cita parlamentaria. Es el debate político de más altura y Rajoy acudirá a él decidido a insistir en el mensaje de que los sacrificios del pasado empezarán a dar fruto en el futuro inmediato. «Irá dispuesto a hablar de la situación del país, del balance del primer año de mandato y de la situación económica», precisan en su entorno.

Pero en Moncloa saben que la oposición no desaprovechará la ocasión para poner encima de la mesa el «caso Bárcenas» y que eso les exige respuestas en el plano estrictamente discursivo, y no se descarta que también en otros ámbitos. Todo depende de cómo evolucione la deriva jurídica y política de la «tormenta» generada al calor de la publicación de una supuesta contabilidad «en B» del PP por parte del ex tesorero Luis Bárcenas, y que él ha negado. Fuentes próximas al presidente no descartan que a medio plazo pudiera haber cambios en el Gobierno. «En cada momento se tomarán las decisiones que se consideren oportunas. Rajoy actuará si tiene que actuar y hará lo que tenga que hacer», añaden. De momento, en ese terreno no hay nada más que «hipótesis y reflexiones».

Sí hay más avances concretos en el plan de regeneración democrática con el que Rajoy quiere contestar al descrédito y al distanciamiento entre instituciones y ciudadanos. El informe que ultima el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales incluirá la propuesta de establecer una evaluación periódica, podría ser cada dos años, de las leyes aprobadas para ver sus efectos pasado un tiempo. Ese «examen» correrá a cargo del Parlamento.

Dentro de un paquete de medidas dirigidas a romper la brecha que separa a la calle de los políticos, el Gobierno también está trabajando en la idea de que asociaciones y colectivos sociales puedan dar su opinión durante la tramitación parlamentaria de los principales proyectos de ley. Así, se estudia que en las Cortes se establezca un trámite de audiencia para que los sectores interesados transmitan a los parlamentarios cuáles son sus problemas y sus necesidades. Esto conecta con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno que tramita el Congreso, ya que su filosofía, según resalta el Ejecutivo siempre, es que «los poderes públicos se acostumbren al Gobierno abierto, a estar un poco a disposición de los ciudadanos ».

Para mejorar la calidad de las leyes, también trabajan en un plan para codificar por sectores el ordenamiento jurídico. En teoría, debe servir para eliminar las normas que sobren, aclarar lo que está en vigor y lo que no. Y están perfilando la regulación de reuniones entre los diputados y senadores con sus electores. El Gobierno no está por la labor de introducir cambios en la Ley Electoral, aunque desde el PP el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, haya hecho suya la propuesta de listas abiertas. Ahora bien, salvando el actual sistema, el Ejecutivo sí está dispuesto a hacer retoques en él para difuminar el muro que la calle siente que le separa de la política. Entre las ideas que perfilan está que los partidos estudien la posibilidad de tener encuentros formalizados entre los representantes y los ciudadanos de cada circunscripción.

En un principio, el calendario del Gobierno preveía que estas propuestas de regeneración democrática pudieran estar listas para mayo o junio a fin de que las aprobara el Consejo de Ministros y después se remitiesen al Congreso. Pero la situación excepcional creada por el «caso Bárcenas» cambia por completo el escenario.

Rajoy se presentará en el Debate del Estado de la Nación con detalles sobre este plan pensado para mejorar la imagen de la clase política, acercarla al ciudadano y favorecer la idea de una democracia «eficiente» y «abierta» a la calle. En paralelo, también está revisando toda la legislación para activar nuevas medidas que aumenten la sensación de que se cerca al corrupto y dar así contenido al pacto de Estado que ofreció al PSOE. Entre ellas, como ya informó este periódico, habrá una nueva reforma del Código Penal.