El día que el jefe de ETA temió perder su poder

El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco fue una decisión de la cúpula terrorista para mantener su autoridad ante los presos.

Estaba en juego el prestigio de los cabecillas de ETA, de José Arizcuren Ruiz, «Kantauri», responsable de los «comandos» y de los otros jefes terroristas. Había que demostrar al Estado, en pocos días, después del rescate por la Guardia Civil de Ortega Lara, que mantenían su siniestra capacidad criminal. Y sobre todo, se lo tenían que demostrar a sus reclusos, que contaban con indisimulada satisfacción cómo, día a día, el funcionario de prisiones estaba, igual que ellos, «encarcelado». Habían perdido una jugada pero querían ganar la partida, al menos ante los suyos. Y le tocó a Miguel Ángel Blanco, un concejal sin escolta, un objetivo fácil, para escenificar el «pulso al estado», falso, porque sabían que no iba a haber cesiones y que el edil sería asesinado. Todas las víctimas son iguales pero a Miguel Ángel Blanco, un joven vizcaíno lleno de sueños y proyectos, ser durante 48 horas el símbolo del Estado que los pistoleros decían querer doblegar y la bandera a la que millones de españoles se abrazaron para gritar contra el terrorismo. Las Fuerzas de seguridad, soy testigo directo, hicieron un esfuerzo sin precedentes para tratar de localizar el lugar donde mantenían retenido al concejal. Algún experto llegó a comentar a media voz la posibilidad de adoptar alguna medida, siempre retroactiva, para al menos ganar algo de tiempo y que ETA no cumpliera su amenaza. No era posible. No se les podía dar ninguna baza no sólo porque la fortaleza del Estado estaba en juego, sino porque, dicho con palabras adecuadas, no se podía salvar el trasero a los jefes de la peor cuadrilla de criminales que ha conocido la historia de España. En aquellos 48 horas se comentaban en las entretelas de la lucha antiterrorista las gestiones que podía estar haciendo algún mediador, pero ahora, pasado el tiempo, estaba claro que, si se realizaron, sólo sirvieron para que los asesinos se sintieran aún más fuertes.

A ETA, es duro decirlo, no le preocupaba que millones de españoles se echaran a las calles; que los integrantes de su «brazo político» fueran literalmente corridos por el paisaje y alguna sede incendiada. A ellos lo que les preocupaba era mantener la cohesión de una organización delictiva que curiosamente secuestraba y mataba para buscar beneficios destinados a los presos que lo eran por haber asesinado o colaborado en otro tipo de actividades terroristas.

En estos días, se ha escrito mucho sobre lo ocurrido con el crimen de Miguel Ángel Blanco, pero quizás no nos hemos parado a reflexionar sobre la absoluta maldad, y cobardía también, de unos sujetos que querían mantener su status de jefes invencibles, al menos eso era lo que hacían creer a los suyos porque cuando uno era detenido el siguiente ya estaba preparado para tomar el mando.

En cierta ocasión, un oficial de la Guardia Civil le preguntó a uno de esos cabecillas qué era lo que significaba el «centralismo democrático» por el que, como organización marxista, se gobernaba ETA: «sencillo, todos los militantes deben acatar las órdenes de los de arriba porque, al tener mejor información, más datos y estar más preparados, siempre son las decisiones correctas», contestó.

Con el secuestro y asesinato del edil de Ermua se puso sobre la mesa este principio con toda su fuerza. Como seres humanos, aunque fanatizados, es seguro que a algunos etarras les parecería una barbaridad lo que estaban haciendo, pero en este caso no tenían a la Policía para echarle la culpa como cuando el atentado de Hipercor.

Como publicaba ayer LA RAZÓN, el jefe del «comando» autor del secuestro y asesinato, Francisco Javier García Gaztelu, «Txapote», dijo a sus compinches que las consecuencias «de la acción habría que verlas a un año vista». Ni que fuera un adivino (no le hacía falta). El PNV y otros partidos, entre ellos el de los comunistas vascos, arroparon a Herri Batasuna, a ETA, con el «Pacto de Lizarra» (Estella).

A los que habían actuado por salvar su trasero les vino el demonio, que no Dios, a ver.

Todo estas líneas vienen a cuento de un joven español asesinado, de una de las 858 víctimas de ETA, que perdió la vida en unas circunstancias parecidas a las del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios. Ante el secuestro del militar, también hubo manifestaciones, no tan numerosas pero sí tan sinceras.

Todas las víctimas son iguales, pero en el caso del concejal de Ermua se dieron las circunstancias antes citadas. Por eso, aunque sólo fuera para responder al entorno de ETA que (está en las instituciones) se siente victoriosa tras la derrota operativa de ETA, había que colgar un gran cartel en una de las principales plazas de Madrid, la capital de España. Para dejarles claro que esa victoria que blasonan, ante quienes todavía les temen y se avergüenzan al verles pasar camino de sus escaños, tiene un gran espejo al que no pueden mirar, el retrato del edil popular en la fachada del Ayuntamiento madrileño.

No lo ha entendido así quién tenía que tomar la decisión; argumenta que sería hacer una excepción con una víctima concreta. Pero no es así. Aquellas 48 horas de julio de 1997 supusieron un ante y un después. Los españoles, que ya lo sentían, hicieron suya la lucha contra ETA y, aunque sólo fuera por eso, se merecían el recuerdo en forma de gran retrato. Y también para vergüenza de los que mandaban entonces en la banda que, como a todos los malos, al final se les terminó por ver el plumero.