El dilema del preso Granados

Su renuncia a colaborar con la Justicia, como hizo Marjaliza, complica su salida de prisión casi dos años después. El 5 de octubre, el juez Velasco debe decidir si sigue en la cárcel

A poco más de un mes de cumplir dos años de prisión, el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados se la juega el próximo 5 de octubre. Ese día, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del «caso Púnica», y las fiscales de Anticorrupción María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá escucharán los argumentos de su defensa para que Granados deje de ser el único investigado en esta causa que sigue en prisión.

Hasta en cuatro ocasiones ha solicitado Granados su puesta en libertad –la última petición, hace unos días, aún está pendiente de resolución judicial, aunque previsiblemente seguirá la misma suerte que las anteriores–, y en todas ellas la persistencia del riesgo de fuga se ha cruzado en su camino.

Pero, más allá de la posibilidad de que el ex consejero de Aguirre ponga tierra de por medio, lo cierto es que su falta de colaboración con la Justicia está siendo determinante para que Granados recupere la libertad, más aún después de la maratoniana declaración ante el juez de su amigo David Marjaliza el pasado junio. Tras mostrarse dispuesto a desvelar los entresijos de la «trama Púnica», el constructor salió de la prisión de Aranjuez (Madrid) con medidas cautelares unos meses antes, en diciembre de 2015, tras abonar una fianza de 100.000 euros. Sus revelaciones dejaron a los pies de los caballos a su amigo de la infancia pero, sobre todo, sirvieron para que pudiera salir finalmente de la cárcel. Ahora, apuntan fuentes de la investigación, la pelota está en el tejado de Granados. «El ejemplo es Marjaliza –aseguran–, ha colaborado con la Justicia y está en la calle». «Le hemos pillado el dinero en Suiza, Marjaliza lo ha contado todo, tenemos numerosos correos que le incriminan...», añaden esas mismas fuentes mostrando su extrañeza ante la «estrategia equivocada» que, insisten, está siguiendo el ex político del PP centrándose insistentemente en la lesión de sus derechos. «O hay un cambio de actitud o seguramente seguirá en prisión. Falta “Púnica” para años», aventuran.

La prórroga de la prisión provisional pasados dos años privados de libertad –que deben solicitar la Fiscalía o cualquiera del resto de las acusaciones en la vistilla del próximo día 5 de octubre– es, en todo caso, bastante excepcional. Habitualmente, sólo en el caso de presos por terrorismo o por delitos muy graves se amplía hasta el máximo legal de cuatro años. «Las imputaciones contra él son muy graves», subrayan, al tiempo que recuerdan que está imputado por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo, cohecho, tráfico de influencias, malversación y prevaricación, entre otros.

Y es que los responsables de la investigación están convencidos de que Granados oculta mucha información. Si, como declaró Marjaliza, se llevaba hasta el 20% de las operaciones inmobiliarias en Valdemoro, municipio madrileño del que fue alcalde antes de dar el salto al Gobierno regional, «¿dónde está ese dinero que recibió en efectivo?». Hasta el momento, la Guardia Civil únicamente ha hallado un millón de euros oculto en un maletín en la casa de sus suegros. «Tiene todo a nombre de terceros», recuerdan, pero aún no ha aparecido ningún documento que vincule a los testaferros con Granados sobre la titularidad real de esos bienes. Granados, mientras tanto, guarda silencio.