El ex interventor de los ERE declara en el Supremo el día 28

Manuel Gómez Martínez, que fue interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010.
Manuel Gómez Martínez, que fue interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010.

El juez del caso ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha citado como imputados al exinterventor de la Junta de Andalucía Manuel Gómez y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández para la próxima semana.

El exinterventor Manuel Gómez Martínez declarará el día 28 a petición suya, del fiscal del caso y de la acusación popular ejercida por la organización de abogados Manos Limpias, mientras que Antonio Fernández lo hará el día 30 por iniciativa del fiscal.

Manuel Gómez Martínez está imputado ante el Juzgado de Sevilla donde ha instruido el caso la juez Mercedes Alaya. La versión de quien fue interventor de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010, es decir, en pleno desarrollo del supuesto fraude en los ERE, es totalmente contradictoria de la que dan Chaves y Griñán.

Los expresidentes han declarado que en ningún momento recibieron informes alertando de que hubiera ilegalidades en los ERE, algo que no acepta el responsable de hacer esos informes, el citado interventor.

Griñán y Chaves han explicado a Barreiro que no constan en la causa informes de actuación, el tipo de informe que la ley prevé para alertar al máximo nivel de que una medida política no cumple con la ley.

Lo que según los aforados hizo el interventor fueron informes de cumplimiento que no deben ser elevados al consejero y menos al presidente. Este tipo de informes de la intervención señalan irregularidades pero no lo bastante graves como para que lleguen al máximo nivel y además, según Grián, se dio orden de subsanar esas irregularidades.

En cuanto al exconsejero de Empleo, la petición del fiscal apunta a que se le interrogue sobre si existió un plan general para que se cometiera un fraude con los ERE o si, por el contrario, las irregularidades ocurrieron en la gestión de los fondos destinados a este efecto.

Es decir, este interrogatorio buscará investigar si lo que sucedió con los 140 millones de euros que aparentemente se desviaron en los ERE (sobre un total de más de 800 millones con los que se financió la medida) obedeció a un plan diseñado desde el máximo nivel o no.