El fiscal del 9-N: «No se está juzgando la voluntad popular»

El fiscal del 9-N, Emilio Sánchez Ulled, ha asegurado en el tramo final del juicio que «no se está juzgando la voluntad popular» sino una «estrategia de opacidad para no acatar la decisión del Tribunal Constitucional».

El fiscal del 9-N, Emilio Sánchez Ulled, ha asegurado en el tramo final del juicio que «no se está juzgando la voluntad popular» en la causa contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta soberanista.

Así lo ha reiterado el fiscal durante la lectura de su informe, en la última sesión del juicio, en el que los encausados también tendrán la última palabra. Sánchez Ulled ha insistido en que el único objetivo es averiguar si el Govern desobedeció y continuó con su actividad administrativa el 9 de noviembre de 2014, pese a la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional. Lo que se juzga, a su entender, es la "grave ruptura"de las reglas del juego democrático y de la convivencia.

En ese sentido, Sánchez Ulled ha confesado el "dolor y tristeza"que le produce el caso del 9N porque, a su parecer, hubo "una ruptura de las reglas de juego democráticas"en el que la ejecución de la consulta por parte de los voluntarios "enmascaraba una actuación continuada de los poderes públicos"para desobedecer al Tribunal Constitucional.

«El presidente de la Generalitat diseñó una estrategia de desafío abierta a lo ordenado por el Constitucional» y para ello, añade el fiscal, contó con la colaboración directa de Irene Rigau y Joana Ortega, las otras dos acusadas.

Sánchez Ulled, que ayer mantuvo su petición de diez años de inhabilitación para Artur Mas y nueve para las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, ha pronunciado hoy sus informes finales en castellano, lo que ha justificado en la "importancia"de que sus argumentos sean entendidos en "otros territorios", pese a que a lo largo de toda la vista ha empleado el catalán en sus interrogatorios.

Asimismo ha destacado que los encausados «conocían el mandato constitucional y conscientemente decidieron prescindir de él». En definitiva, el fiscal matiza que intentaron enmascarar bajo la actuación de los voluntarios su desobediencia al Constitucional y lo hicieron bajo una «estrategia de opacidad para no acatar la decisión del TC».