El Gobierno actúa contra el Plan de Relaciones Extranjeras de Torra

Moncloa envía un requerimiento a la Generalitat para que modifique su proyecto de Acción Exterior, que califica a los consejeros catalanes como “ministros” y que construye “una ficción de Estado”

El Gobierno ha decidido en su reunión de este viernes “requerir de incompetencia” a la Generalitat de Cataluña por la aprobación el pasado mes de junio de su Plan Estratégico de Acción Exterior y Relaciones Extranjeras. Según la explicación ofrecida por la ministra portavoz, Isabel Celaá, “el Gobierno considera que ese plan estratégico no respeta la competencia del Estado en la coordinación de la acción exterior del Estado y los principios que deben regir la acción exterior autonómica”. Ha explicado que esta iniciativa aprobada por el Govern de Quim Torra “proyecta una imagen como Estado y presenta a Cataluña como sujeto internacional”. A este respecto, Celaá ha recordado que el Tribunal Constitucional deja claro en su jurisprudencia que “la acción exterior de las autonomías debe respetar el ejercicio y dirección del Estado” en esta materia.

El ministro Luis Planas —que asumió las competencias del Ministerio de Política Territorial tras la salida de Meritxell Batet del Gobierno—ha explicado que ese requerimiento de incompetencia es, formalmente, un paso previo al recurso de inconstitucionalidad. Se trata de una actuación que puede adoptarse “frente a actos o acuerdos de un gobierno autonómico cuando se advierten que son lesivos para la Administración General del Estado”. En este caso concreto, Planas ha insistido que el plan estratégico del Govern faculta a la Generalitat para “ejercer una competencia que no le corresponde”.

Ha explicado el ministro Planas que la Generalitat tiene a partir de ahora un plazo de 30 días para “modificar este plan estratégico y ajustarlo al marco legal español. Si no lo hace, se interpondrá un recurso de inconstitucionalidad, previo informe del Consejo de Estado”. Este plan, según el diagnóstico de Moncloa, “pone en tela de juicio la labor de coordinación del Estado en materia exterior”, “no preserva la lealtad constitucional” y “omite sistemáticamente referencias a la Constitución y a la legislación española”. Planas ha recordado que incluye “expresiones equívocas y un uso torcido del lenguaje, como al calificar de ministros a los consejeros catalanes” y al construir “una ficción de Estado que no corresponde con nuestra realidad”.