El Gobierno aprobará hoy la reforma de la Justicia Penal

El Consejo de Ministros aprueba hoy el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, elaborado por el Ministerio de Justicia, y en el que, entre otras novedades, se fija, con carácter general, en seis meses el plazo para instruir las causas penales, que se incrementa hasta los 18 en los procedimientos de especial complejidad, aunque se podrá prorrogar si así lo solicita el fiscal y lo acuerda el juez. En el texto, que refrendará hoy el Ejecutivo, hay aspectos que han sido modificados respecto al informe que se sometió a dictamen del Consejo General del Poder Judicial y que fueron objeto de severas críticas por parte tanto del Consejo General del Poder Judicial como de la Fiscalía General del Estado.

Así, la posibilidad de que el ministro del Interior o su secretario de Estado puedan ordenar intervenciones telefónicas queda limitada a que se trate de investigaciones relacionas con organizaciones terroristas. Algo parecido ocurre con las «grabaciones orales directas», ya que sólo se podrá autorizar la colocación de dispositivos electrónicos que permitan la captación y grabación de las comunicaciones orales directas que se mantenga por la persona investigada en la vía pública cuando se trate de hechos relacionados con terrorismo u organización criminal.

Igualmente se suprime el que se puedan recoger pruebas de ADN de detenidos sin presencia de sus abogados, como sí se admitía en el primer texto de Justicia.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal también regulará todo lo relacionado con los agentes encubiertos; se cambiará la denominación de «imputado» por «investigado» y se adoptarán las medidas necesarias para poner fin a los macroprocesos, para lo cual se modificarán las reglas de conexidad, con lo que «cada delito dará lugar a la formación de una única causa», y evitar así la «elefantiasis procesal, que se pone de manifiesto en los denominados macroprocesos», según recordó el ministro Catalá en diciembre, cuando presentó el primer informe acerca de la reforma penal.

Un aspecto igualmente relevante es que se establecerá la generalización de la segunda instancia penal. De esta forma, los tribunales superiores de Justicia revisarán en apelación las sentencias dictadas por las audiencias provinciales y se creará una Sala de Apelación en la Audiencia Nacional, para que revise las dictadas por este órgano jurisdiccional. Además, la reforma prevé la figura del decomiso autónomo, por el cual permitirá la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado. El objetivo es hacer más eficaz la recuperación de activos derivados de la actividad delictiva y se aplicará en supuestos de comisión reiterada de delitos y se presuma que se han transferido bienes de origen ilícito a terceras personas.