El Gobierno reta a Puigdemont a que aclare por qué negó el aviso de la CIA

Advierte de que «está preparado» para hacer cumplir la ley el 1 de Octubre en Cataluña.

A un mes de la fecha prevista para el referéndum de independencia en Cataluña, el Gobierno insistió ayer en el mensaje de que lo tiene todo preparado para impedir esa consulta ilegal. «Contempla todas las posibilidades, tiene preparadas todas las respuestas y actuará en consecuencia», precisó el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo. Moncloa también dejó la advertencia de que entre las consecuencias está el riesgo de la inhabilitación para aquellos cargos públicos que con sus actuaciones se sitúen al margen de la legalidad vigente. El Gobierno no anticipa escenarios, ajustándose a la posición que viene defendiendo hasta ahora, pero sí subraya que quien se sitúa fuera del marco legal no puede seguir siendo un interlocutor válido

El Gobierno afronta esta recta final hasta ver en qué queda la convocatoria del referéndum, con la estrategia puesta en deslegitimar la validez de un proceso que no cuenta con ninguna de las mínimas garantías democráticas. En Moncloa saben que el independentismo necesita movilizar a la ciudadanía, no sólo a los independentistas, y el Gobierno responde subrayando las carencias de un proceso electoral al margen de la Ley. A un mes de la fecha anunciada para el referéndum ilegal no tienen urnas ni papeletas, ni una Junta electoral ni tampoco ningún apoyo internacional, inciden. «Las formas en democracia son capitales», precisó el ministro portavoz.

Además, desde Moncloa también insisten en la importancia de la unidad con el PSOE, que ayer volvió a reivindicar el portavoz del Ejecutivo, refiriéndose expresamente a la llamada de apoyo de la portavoz del PSOE, Margarita Robles, al ministro del Interior. Desde la advertencia de que no hay margen para establecer comparación posible entre la situación actual y la consulta del 9-N –porque ahora hay cinco sentencias del Tribunal Constitucional declarando ilegal el referéndum y porque de fondo está todo el entramado legislativo en el que trabaja la Generalitat para constituir un Estado independiente–, en Moncloa siguen insistiendo en que no contemplan una suspensión de la autonomía catalana. Pero, al mismo tiempo, recalcan que en ningún caso la Generalitat podrá asumir competencias que no le corresponden.

Por otra parte, el Gobierno se negó ayer a entrar oficialmente en la polémica sobre la actuación de los Mossos tras conocer el aviso de la Inteligencia norteamericana sobre la amenaza de atentado en Barcelona. Ese aviso no sólo llegó a la Policía autonómica, sino también al resto de Cuerpos de Seguridad del Estado y al CNI, pero Méndez de Vigo obvió todas las preguntas al respecto con la justificación de que el Gobierno no se pronuncia sobre «cuestiones operativas». Las dudas sobre por qué no se consideró que era consistente esa advertencia o sobre si esa decisión fue un criterio unificado de todas las Fuerzas de Seguridad y del CNI, por ejemplo, se quedaron sin respuesta, si bien desde el Gobierno sí se instó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a aclarar por qué negó el aviso que el jueves fue reconocido por el conseller de Interior, Joaquim Forn.

El Gobierno, por tanto, insta a Puigdemont a aclarar por qué negó lo que ahora reconoce mientras desvía las cuestiones técnicas «a la comisión de expertos creada a tal efecto» y las cuestiones políticas al pacto yihadista. «Cuando se produce un atentado terrorista hay que ser cautos y prudentes. El Gobierno no va a hacer ninguna declaración sobre cuestiones operativas», insistió Méndez de Vigo. Ni siquiera entró al trapo cuando se le interrogó por el hecho de que la Generalitat se haya defendido responsabilizando al Estado de no dar credibilidad a ese aviso y con la denuncia de que hay una campaña de desprestigio de los Mossos.

Frente a estas críticas, Moncloa replica con llamamientos a la unidad y con elogios a la actuación policial. «Han pasado 13 años desde el último atentado yihadista en España y durante este tiempo se ha detenido a cientos de personas vinculadas a redes yihadistas y en los dos últimos años hubo 80 detenciones en Cataluña. Ningún dato aislado ni error, como lo puede haber en cualquier obra humana, puede empañar el trabajo de nuestras Fuerzas de Seguridad», concluyó el portavoz del Gobierno.