El Gobierno incrementa las ayudas a las víctimas de ETA desde 1960

El nuevo reglamento de víctimas del terrorismo, al que ha dado hoy luz verde el Consejo de Ministros, permitirá a los amenazados acceder a las ayudas, aunque tendrán que demostrar dicha condición.

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al Reglamento de la Ley de Víctimas del Terrorismo, en el que por primera vez se articulan mecanismos para que los amenazados por una organización terrorista, que así lo acrediten por sentencia o procedimiento judicial abierto, puedan recibir ayudas para el traslado, la vivienda, el colegio de sus hijos, el tratamiento psicológico o la reinserción laboral. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, explicó que con el Reglamento han blindado la Ley para que sólo las víctimas del terrorismo puedan acogerse a sus beneficios, de tal modo que el entorno proetarra no pueda «trampearla» aludiendo, por ejemplo, a supuestos casos de acoso por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El ministro también detalló que el Reglamento incorpora una memoria económica en la que se prevé un gasto de alrededor de 77,5 millones de euros en los próximos dos ejercicios presupuestarios para actualizar todas las indemnizaciones recibidas por las víctimas del terrorismo en democracia. Esto incluye costear su aplicación retroactiva al 1 de enero de 1960, es decir, a aquellas víctimas a las que en su día el ordenamiento jurídico no reconocía ninguna ayuda (ETA se fundó en 1959, pero su actividad terrorista comenzó en 1965). Y aumentar la cuantía de algunas indemnizaciones, por ejemplo, las ayudas psicológicas, educativas y psicopedagógicas tanto de las víctimas como de sus hijos. Todos los que se consideren beneficiarios de los supuestos recogidos en esta nueva norma tendrá un año de plazo para formalizar sus solicitudes. Desde 1979 hasta agosto del pasado año, los distintos gobiernos han destinado un total de 790 millones de euros a resarcir a las víctimas del terrorismo, lo que, según subrayó el ministro Jorge Fernández, confirma que la política con este colectivo está presidida por el principio de la solidaridad.

El ministro explicó que el retraso en su aprobación ha estado justificado por la necesidad de hacer varias modificaciones legales para delimitar los requisitos y evitar el fraude de ley por parte de los proetarras. En todo el proceso, el Gobierno ha mantenido contactos con las asociaciones de víctimas, con el Gobierno vasco y con la oposición. La Dirección General de Apoyo a las Víctimas convocará de nuevo a sus representantes para informarles personalmente del Reglamento final.

«Hemos cerrado la puerta a cualquier resquicio legal que pudiera existir para que pudieran ser beneficiarios de las ayudas quienes no fueron víctimas, sino quienes las hicieron sufrir», subrayó Fernández Díaz. «Esto hubiera supuesto un sarcasmo lejos de la voluntad del legislador», apuntó.

Con el nuevo Reglamento se abre una «ventanilla única» para gestionar todas las ayudas para facilitar a las víctimas los trámites de solicitud, sea cual sea la Administración concesionaria. La nueva norma incrementa, por ejemplo, las ayudas por daños materiales. Así, se elevan hasta los 113.680 euros (antes fijadas en 90.151,82 euros) las indemnizaciones para cubrir daños en la vivienda habitual afectada por un atentado terrorista. Del mismo modo, aumenta la asignación para gastos generados por alojamiento provisional: en el caso de que sea en un establecimiento hotelero, la cantidad será de 90 euros por persona y día (antes eran 60,10 euros) y se mantiene la de 1.500 euros para el alquiler de vivienda. También se eleva a 113.680 euros la indemnización por daños en sedes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, mientras que la destinada a cubrir los daños en vehículos pasa de los 21.035 euros hasta los 30.500 euros.