El Gobierno pasa del 11-S al 2-O

Rajoy siguió desde Moncloa la marcha independentista en «permanente» contacto con el Rey. Teme que los soberanistas vuelvan a tomar la calle cuando se impida celebrar la consulta.

El Gobierno evitó ayer interferir en la celebración de la Diada. En Moncloa asisten con preocupación a la agitación de la calle por parte del independentismo y por eso miden los pasos políticos y hasta judiciales para no echar más leña «al fuego» que animan los responsables de la Generalitat. Sobre las celebraciones de ayer, la conclusión es que «no son más, pero bajo la bandera de la desobediencia». Y desde el Ejecutivo advierten de que los actos confirman que desde la fractura de una sociedad no puede haber desconexión y que la desobediencia la pueden practicar los individuos o el movimiento asambleario, pero no cargos públicos.

Después de la puesta en escena independentista, la respuesta del Gobierno es que un principio básico en una democracia moderna es que el cumplimiento de la ley no puede depender de las movilizaciones sociales. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, siguió el desarrollo de la Diana desde el Palacio de la Moncloa. La comunicación con el jefe del Estado, el rey Felipe VI, es «permanente», para trasladarle la información puntual sobre la monitorización de los acontecimientos en Cataluña.

A partir de la Diada se abre otra etapa, aclaran en Moncloa. Por un lado, el Gobierno está calibrando por dónde va a evolucionar la agitación de la calle, «instrumentalizada y organizada por las asociaciones soberanistas». El temor a que la frustración, cuando no se celebre el referéndum, derive en altercados o en presiones sobre los partidos no independentistas, por ejemplo, sigue marcando la agenda del Ministerio de Interior. La comunicación de Madrid con los Mossos «funciona», aseguran desde el Gobierno, y la previsión de reforzar efectivos no responde al miedo a que los Mossos no cumplan con sus obligaciones, sino al temor a que pueda hacer falta más plantilla para mantener el orden público y garantizar los derechos de todos los catalanes. Estas prevenciones miran al 2-0, sobre todo, y a la gestión del «fracaso» de la consulta. Antes, los líderes independentistas también necesitan mantener viva la presión en la calle como último instrumento para intentar forzar el pulso al Estado, pero en Moncloa cuentan con que la Generalitat es la primera interesada en que «no se le vaya de las manos la situación», porque la violencia se acabaría volviendo contra ellos. Los líderes del proceso de desconexión son conscientes de que los tics autoritarios en el Parlament no han servido para reforzarles políticamente.

La nueva etapa tras la Diada se puede abrir también en el plano judicial. El Gobierno ha optado por responder al órdago secesionista aprobado en el Parlamento catalán con «la respuesta mínima necesaria para defender la legalidad y el Estado de Derecho». «La respuesta más proporcional posible», precisan. Pero si los afectados por los apercibimientos del Tribunal Constitucional (TC) no atienden las medidas cautelares fijadas por la Fiscalía, el escenario se abre inevitablemente a la posibilidad de su suspensión cautelar. Y la vía más rápida es la del TC, aunque hasta ahora haya división en el tribunal al respecto. Por el procedimiento ordinario el proceso para la inhabilitación podría durar más de un año. En Moncloa no dudan de que la desobediencia seguirá adelante, y que esto tendrá que tener nuevas consecuencias.