El Gobierno pedirá al TC suspender a los que firmen el referéndum

El Constitucional tiene la capacidad de «inhabilitar» provisionalmente desde que se reformó en 2015 la Ley que regula este órgano.

Las leyes de ruptura, que se prevé que se aprobarán en el próximo Pleno del Parlamento catalán, serán recurridas por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) en cuando sean calificadas por la Mesa de la Cámara, con la petición de suspensión inmediata que será aceptada por el Alto Tribunal. En este paso el Gobierno no reclamará la suspensión del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si no que esta medida extraordinaria se la reserva para el caso de que llegue a firmar el decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación. La petición de suspensión afectará a todos los firmantes del decreto de convocatoria, según confirman fuentes gubernamentales. El TC tiene esta facultad gracias a la reforma de la ley orgánica que rige este órgano, aprobada en 2015, y que permite suspender temporalmente a cargos públicos que desoigan sus resoluciones.

El Gobierno está midiendo las decisiones que adopta para que se ajusten al principio de «proporcionalidad» que defiende por interés jurídico y político. No quiere emprender acciones en los tribunales que no prosperen y acaben convirtiéndose en munición del independentismo. Y, además, tampoco quiere iniciar actuaciones extremas, si hay otros caminos previos, «por responsabilidad» ante la división social que existe en Cataluña. En el TC hay una mayoría contraria a aplicar ese mecanismo extraordinario. Tal y como está estructurado el organigrama de la Generalitat tras la última remodelación promovida por Puigdemont, además del presidente de la Generalitat, también su vicepresidente, Oriol Junqueras, es responsable de la consulta ilegal al asumir el área de Procesos Electorales. Pero desde el Gobierno advierten de que la petición de suspensión cautelar afectaría, de llegar a hacerse efectivo el decreto de convocatoria del 1-O, «a todos sus firmantes».

Cuando falta un mes para la fecha anunciada para el referéndum, el independentismo acumula ya diez grandes contradicciones, y queda todavía por ver cómo concretan una consulta que aún no ha sido convocada y que no cuenta con ninguna de las mínimas garantías propias de un proceso electoral democrático. Los independentistas inicialmente se pusieron como objetivo cumplir el mandato del 27-S y declarar la independencia en 18 meses. Ya han pasado casi dos años desde la celebración de las elecciones del 27-S y tras más de 20 meses desde la llegada al Gobierno de Puigdemont esa amenaza aún no se ha cumplido.

La fecha del referéndum también ha sido cambiante. Ni julio ni septiembre, al final octubre. Eso sí, sigue siendo un anuncio sin ley que lo ampare ni firma que lo convoque. A un mes del referéndum, la Generalitat no tiene urnas, subrayan desde el Gobierno, ni censo ni prácticamente nada. Además de haber renunciado al voto exterior o al voto por correo.

La situación ha llegado a ser tan extrema que la imagen que están dando es que sólo vale el silencio de los corderos o el Gobierno de los muy fieles. En el actual gobierno de la Generalitat, el único exceso por el que se pasa factura es la opinión. Hay quien dice que la CUP ponía los nombres en los decretos y Puigdemont se limitaba a firmarlos.

El proceso soberanista ha sido cuestionado por las instituciones de autogobierno de Cataluña. La oposición al «procès» no es algo sólo de Madrid, como le gusta decir a los independentistas, y crece entre la sociedad catalana, incluso entre las instituciones de autogobierno.

Asimismo, su objetivo era que la oposición tragara con la Ley del Referéndum con una tramitación de 48 horas, pero la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, lleva estudiándola más de dos meses desde su anuncio y aún no ha sido capaz de calificarla. En ese sentido, otra muestra del laberinto en el que están metidos, y de hasta qué punto el soberanismo es consciente de que lo que plantea está absolutamente fuera de la ley y será suspendido inmediatamente, es la indefinición de la Ley del Referéndum. Primero tenía que ser una proposición de los grupos. Después se trató de evitar el debate. A continuación se convirtió en muy urgente. Ahora lleva dos meses sin calificarla y, finalmente, puede acabar siendo retirada y sustituida por un decreto de la Generalitat. Toda una muestra de incoherencia.

Por otro lado, Junqueras y ERC siempre han negado la veracidad de las diferentes informaciones que se publicaron sobre el contenido de la Ley de Transitoriedad. Pero una vez conocido el texto se ha demostrado que sus negativas eran en vano. Y es relevante que la Ley de Transitoriedad presentada el 28 de agosto lleva más firmas de la CUP que del partido del vicepresidente de la Generalitat. Otra seña de identidad de este proceso es el engaño permanente a los funcionarios de la Generalitat. Los responsables políticos del independentismo han intentado frenar esta imagen asegurando que protegerán a los funcionarios que participen en el «procès», pero sin aclarar qué tipo de cobertura les ampara. De hecho, el sindicado CSIF ha tenido que poner en marcha una campaña informativa para divulgar el protocolo a todos los departamentos de la Administración de Cataluña.

Por último, la alianza de JxS está más que en el aire. Detrás de la unidad fingida hay una estrategia constante de traición entre los miembros de la coalición. La última, el 26 de agosto cuando Junqueras se citó a cenar con Pablo Iglesias y con Xavier Domenech donde el objetivo no era el referéndum sino las futuras elecciones.