El Gobierno respeta la decisión y ofrece colaboración al juez

Gobierno y PP valoraron ayer la decisión del juez Pablo Ruz de enviar a prisión al ex tesorero del partido Luis Bárcenas con un escueto mensaje: «Respeto absoluto a las decisiones judiciales».

Génova resolvió con un comunicado de dos líneas y Moncloa no se apartó de su letra. «El Partido Popular manifiesta, como ha hecho siempre, respeto a las decisiones judiciales en todos los procedimientos», rezaba la nota emitida por la dirección nacional. Eso fue todo. Esta vez los populares no han apelado a su inocencia ni a sus servicios prestados al partido, como sí lo hicieron en 2009 cuando anunciaron que forzaban su dimisión formal de la Tesorería tras conocerse su imputación.

Del absoluto respeto a la decisión del juez tampoco se apartará hoy mucho la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en su comparecencia informativa tras el Consejo de Ministros. Ayer, sólo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se pronunció al respecto. «No hay nadie en el PP ni en ningún sector de la sociedad española que pueda estar en contra de todos y cada uno de los hechos que la Justicia pueda entender que hay que investigar». El ministro también subrayó que el Gobierno «dará toda la colaboración que le sea requerida por los jueces y tribunales». «Los ciudadanos tienen que tener plena confianza en el Poder Judicial y en los jueces y magistrados porque a ellos les corresponde dirimir el análisis de cualquier conducta que haya podido ser considerada ilícita y a todos los demás nos corresponde colaborar incondicionalmente con ellos», informa Efe. Con Bárcenas en la cárcel, oficiosamente desde las filas populares se ponía anoche en valor que sus «mentiras», sus «intentos de engañar a todo el mundo», sus «presiones y sus chantajes» no le han servido para conseguir ni la impunidad fiscal ni la impunidad judicial. En público, la respuesta era que no se hacían valoraciones de procedimientos judiciales porque «así lo hacemos siempre». Más allá de pronunciamientos medidos y estudiados, es cierto que la situación de Bárcenas preocupa al Gobierno y al PP. La ruptura traumática con él se produjo a principios de año, cuando se conoció la comisión rogatoria que desveló el dinero que tenía oculto en el extranjero. Eran 23 millones de euros, sólo una parte de la fortuna que se le ha llegado a descubrir por el momento, hasta 48,2 millones de euros. Y cabe decir que la sensación en el partido es que todavía tiene más dinero oculto. Hasta principios de año todavía había muchos en la estructura del PP que seguían creyendo en su inocencia. Y estos mismos han pasado a verlo como un «enemigo peligroso» y dispuesto a todo «para eludir la prisión». Ya en la cárcel, lo previsible es que intente mantener vivo el mismo «fuego» que ha alimentado para evitarla, el de la amenaza con arrasar con todo. Génova ha tenido que gestionar este problema con un doloroso coste para su imagen pública y, especialmente, para la imagen de algunos de sus dirigentes. Un precio que le ha llegado incluso a la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Y el coste interno también ha sido grande, hasta el punto de que a nivel territorial se ha instalado la sensación de que con Bárcenas ha habido «unos cuantos» de los que trabajaban en Génova que también han sacado rendimiento de sus operaciones. En estos niveles regionales, desde donde se ha demandado siempre a Madrid un discurso contundente contra el ex tesorero, se ve con muy buenos ojos su entrada en prisión.