El Gobierno dice ahora que solo aplicará el 155 «in extremis»

Moncloa endurece su discurso ante la escalada de tensión de la Generalitat, pero reconoce que agotará la vía del diálogo antes de recurrir a la suspensión de la autonomía de Cataluña.

El Gobierno mueve ficha ante el «otoño caliente» que prevé impulsar la Generalitat. Moncloa se prepara ya para encarar el clima de confrontación que auguran las instituciones de Cataluña, redoblando la firmeza de sus postulados y declaraciones públicas. A esto responde que en apenas una semana se haya virado de considerar que los agravios de Quim Torra no suponen un «ataque» al Estado a «recordar» que la aplicación del artículo 155 de la Constitución es una herramienta prevista ante cualquier quebranto de la legalidad. La actitud condescendiente acabó. Fuentes gubernamentales reconocen a LA RAZÓN que «vienen días complicados y que es necesario reforzar los posicionamientos del Ejecutivo». «Hay que recordar donde está el Gobierno», aseguran.

Esta posición quedó meridianamente clara con las palabras de Pedro Sánchez en las que advertía al president: «Él sabe perfectamente cuál es el camino que le depararía volver al unilateralismo, la quiebra de la legalidad y el desacato. Ese camino lleva directamente a la intervención de la autonomía, pero no es una vía que quiera transitar por ahora el Ejecutivo que sigue apelando al entendimiento y la distensión. Estas mismas fuentes aseguran que se «agotará la vía del diálogo» antes de avanzar en otros escenarios y que la mera «conflictividad dialéctica» –en la que parecen enredados desde el Govern– no es consecuencia suficiente para recurrir al 155. Ni siquiera, explican, el conflicto en las calles implicaría este recurso, ya que esto sería un problema de orden público que se debería resolver desde las instituciones. En este sentido y en relación a la brecha abierta por los lazos amarillos, desde el Ejecutivo condenan las agresiones y «piden contención y prudencia» a la ciudadanía y los responsables políticos, así como «guardar la máxima neutralidad posible en los espacios públicos».

Entonces, ¿qué haría falta para que el Gobierno se decida por pulsar el botón nuclear de la intervención autonómica? Ahí no hay cambios. La línea roja sigue siendo la unilateralidad, el quebranto de la legalidad y el desacato. Un escenario que el Ejecutivo no quiere explorar por el momento. La ministra portavoz, Isabel Celaá, reconocía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la aplicación del artículo 155 no está en los planes del Gobierno ni ha sido tratado por el Gabinete. También el propio presidente del Gobierno ha reconocido en privado su convencimiento de que Torra no traspasará los límites de la legalidad.

No obstante, lo que es innegable es que en la actualidad existe una suerte de escalada dialéctica de la que tras ignorar numerosas provocaciones, también ha participado el Gobierno central. No obstante, desde Moncloa reiteran su afán de normalización de las relaciones y esperan que el «Govern rebaje la tensión», evitando –por ejemplo– utilizar a modo de «ultimátum» algunos posicionamientos que nada tienen que ver con la resolución de un conflicto político, como vincular su apoyo a los Presupuestos o la desobediencia a la decisión de la Fiscalía de retirar el delito de rebelión a los encausados por el «procés».

Desde Moncloa confían en que Torra, con quien siguen trabajando para agendar una reunión para el próximo otoño, tenga la «suficiente inteligencia política como para aprovechar el pasillo abierto» hacia el acuerdo. A pesar de la advertencia de Sánchez –palabras que la portavoz Celaá definió como «muy sustantivas»–, el Gobierno está dispuesto a transitar el camino del diálogo hasta el final y solo prevé una aplicación del 155 «in extremis» en caso de que los responsables catalanes fuercen la afrenta al Estado. La portavoz del Ejecutivo reconoce que si bien se encuentran al «principio» de ese camino, la voluntad es dar una «oportunidad a la política» antes de recurrir a «otras vías» –en relación a la intervención de la autonomía– que «ya conocemos». La voluntad de acercar posturas quedó de manifiesto en el encuentro que tuvo lugar el miércoles entre la vicepresidenta del Gobierno y la portavoz de la Generalitat, Carmen Calvo y Elsa Artadi. Fue una «reunión interna» en la que tuvieron oportunidad de conocerse, no lo habían hecho hasta ahora, aunque habían conversado telefónicamente en varias ocasiones. Fue «cordial y congeniaron muy bien», señalan fuentes del Gobierno.

A pesar de mostrarse abiertos a aprovechar esa oportunidad, desde el Ejecutivo también advierten de que «no nos vamos a dejar embaucar». Dentro de ese enredo podría encuadrarse el impulso de un referéndum, una tesis que el Gobierno sigue negando tajantemente y que solo valora si la consulta se encuadra dentro de una reforma del Estatut votada por todos los catalanes. La respuesta tajante del Gobierno amagando con la aplicación del 155 si se incurre en la ilegalidad sorprendió a la Generalitat que no esperaba este giro discursivo. Quim Torra utilizó su cuenta oficial de Twitter para reaccionar, cuestionando la contradicción entre las palabras del presidente y la voluntad que le había transmitido en su encuentro: «Creía haber entendido que a un problema político íbamos a buscarle una solución política. Por nuestra parte, siempre nos encontrarás en la vía de la obediencia al pueblo de Catalunya, el diálogo, la convivencia y la no violencia. Un abrazo». Tras puntualizar ante los medios en Perpignan (Francia) que su única «lealtad» es al Parlament de Cataluña, Torra confirmó la información adelantada por LA RAZÓN de que su cita con Sánchez se producirá en octubre.