El Gobierno tendrá el apoyo de CiU para la reforma electoral

Un desacuerdo inamovible y muchos acuerdos posibles. Éste es el mensaje que el Gobierno de la Nación transmite ante el desafío separatista en Cataluña. Es también lo que Mariano Rajoy le dijo a Artur Mas en su última reunión del 30 de julio. En el Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes, que marca el inicio oficial del curso político, el presidente fue rotundo: «Frente a la crispación, recuperación». La hoja de ruta de Rajoy está muy clara, dispuesto a dialogar de todo bajo el imperio de la Ley, pero inflexible ante la consulta soberanista. Y decidido a seguir con su plan de reformas, que empiezan a dar sus frutos, con el horizonte puesto en la creación de empleo y buena marcha de la economía. El jefe del Ejecutivo, en plena forma tras sus días veraniegos, recomendó a todo su equipo que no caigan en provocaciones radicales y victimistas a favor de la independencia.

Es lo que un colaborador del presidente define con esta frase: «Hay que sufrir un poco hasta el 10-N». El Gobierno es consciente de que el camino hasta la fecha del referéndum estará plagado de discursos exaltados, pero trabaja ya con un nuevo escenario político inmediatamente después del 9 de noviembre. Tras el anuncio de sus recursos ante el Tribunal Constitucional, que paralizarán de inmediato el decreto y la convocatoria de la consulta, en La Moncloa aguardan «una cascada judicial». Ello obedece a que la Generalitat piensa, a su vez, recurrir la impugnación con objeto de forzar una decisión de TC sobre el contenido de la ley de consultas catalana. Será una táctica obstruccionista con la pretensión de dilatar el proceso. «Artur Mas sabe perfectamente que no prosperará y que la Constitución es inequívoca», advierten en el entorno de Rajoy y en fuentes del propio Tribunal.

Bajo la premisa de que «existe vida tras el 9 de noviembre», el PP y el grupo parlamentario de CiU en el Congreso trabajan en un horizonte legislativo de diálogo. «Hay expectativas de acuerdos políticos de envergadura», aseguran dirigentes de ambos grupos. Los primeros pasos ya se han dado en la Diputación Permanente y la Comisión de Economía de la Cámara. Los portavoces de CiU, Pere Macías y Josep Sánchez-Llibre, valoraron la mesura de los diputados populares Vicente Martínez-Pujalte y Ana Madrazo ante el escándalo Pujol, lo que anticipa que «no habrá sangre» durante la comparecencia el próximo martes del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. A este respecto, Macías recordó los límites de la Ley de la Agencia Tributaria sobre información confidencial, a lo que Martínez-Pujalte respondió de modo cortés y con sutileza: «El ministro sólo dirá lo que pueda decir».

En este clima de diálogo, que orilla el referéndum soberanista, el diputado Sánchez-Llibre fue aún más allá al anunciar su posible apoyo a la nueva elección de alcaldes. Con la habilidad y astucia que le caracterizan, Sánchez-Llibre mostró su disposición para hablar de la reforma electoral, con la clave de introducir la fórmula que CiU llevó en su programa, que pasa por una segunda vuelta en los casos en que la candidatura ganadora no obtenga el 40 por ciento de votos. CiU pide también listas abiertas en todas las elecciones, algo que el PP no tiene ahora mismo encima de la mesa, pero que podría estudiar. En el Gobierno valoran este apoyo de CiU, dado que a pesar de su mayoría absoluta, y con el frontal rechazo del PSOE, el coste político de aprobarla en solitario sería alto. «Hay un respiro frente al bloque negativo a todo», dicen diputados de ambos grupos parlamentarios. El Gobierno trabaja ya con dos equipos negociadores, el político y el económico. El primero lo lidera la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y uno de sus hombres de absoluta confianza, José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Catalán, diputado por Barcelona y mano derecha de la vicepresidenta, conoce como nadie los entresijos parlamentarios y mantiene una estupenda relación personal con los hombres de Josep Antoni Duran Lleida en la Cámara. «La vice es una todoterreno y Ayllón su brazo ejecutor», dicen en Moncloa como prueba de la capacidad de trabajo de Soraya y su equipo. Ambos coordinan a la perfección los puentes legislativos entre el Gobierno y el Congreso.

El área económica es abanderada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, indiscutible «pata negra» del Ejecutivo, temido, respetado por todos y con excelentes relaciones con Sáenz de Santamaría desde su etapa en la oposición en el Congreso. Aquí se integran Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica de Moncloa, y los ministros del área económica como Fátima Báñez y Ana Pastor, las dos con larga trayectoria en el partido y en la Cámara. Un caso aparte es el titular de Economía, Luis de Guindos, que nunca ha sido militante del PP y pendiente de ser nombrado presidente del Eurogrupo. A pesar de ser un excelente ministro, carece del peso político del titular de Hacienda. Soraya y Montoro son los dos «panzer» del Gobierno, aseguran sin dudarlo dirigentes históricos del PP.

La puerta al diálogo abierta por el diputado Sánchez-Llibre sobre la reforma electoral, y el nuevo tono de CiU con el PP, quedaron también reflejados en algunas enmiendas nacionalistas aceptadas por los populares sobre medidas de competitividad, ayudas a pymes y sector portuario. El calendario se avecina denso, con el gran paquete de los Presupuestos Generales del Estado en ciernes, auténtico «caballo» legislativo. De hecho, en el documento que Mas presentó a Rajoy había algunas reivindicaciones al efecto, como déficit e impulso de inversiones en infraestructuras. Aunque el Gobierno se muestra abierto, hay dos condicionantes: el dinero de las arcas públicas y el rechazo a un nuevo sistema de financiación autonómica en este momento.

El verdadero y único punto de inflexión es la consulta soberanista. En el Gobierno se ve al presidente de la Generalitat cada vez más rehén de Esquerra Republicana, algo que no entienden, máxime tras el veneno lanzado por Josep Lluis Carod-Rovira sobre las comisiones irregulares en Convergencia. «¿A qué espera para romper con tales compañeros de viaje?», se preguntan muchos políticos en Madrid y en Cataluña. En CiU han caído como un jarro helado las acusaciones de quien fuera vicepresidente del Govern durante la etapa del tripartito. «Estrafalario y traidor», dicen de Carod en la sede convergente, mientras le lanzan un reto: «Si calló, es un encubridor, y si denuncia un delito, que vaya al juzgado», opinan dirigentes de CiU.

Algunos tienen la esperanza de que este episodio podría facilitar a Mas su ruptura con ERC y buscar apoyo en el PSC, tal como le planteará el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en su inmediata entrevista esta semana. «Tiene ahora una oportunidad de oro para renunciar al referéndum y cambiar de socios», afirman círculos socioeconómicos catalanes. Otros, sin embargo, piensan que Artur Mas se enrocará en su postura y llevará al límite su desafío. Es lo que en Moncloa definen como ese «sufrimiento» hasta que pase el 9-N. Después, el escenario será distinto y todos apuntan a unas elecciones que, de ser plebiscitarias con la independencia en el programa, provocarían la ruptura de la Federación y la salida definitiva de Duran y su partido, Unió Democrática. De manera que el momento actual es decisivo y el mes de septiembre se presenta muy caldeado. La decisión de Moncloa es negociar posibles acuerdos con el grupo de CiU en el Congreso, pero de ningún modo dar la impresión de que ello se hace como una cesión para aplacar el desafío separatista de Mas. En el PP y en el PSOE opinan que el escándalo de la familia Pujol, y otros que puedan ir saliendo, desangrarán a la propia Convergencia internamente. «Pujol y Mas quieren ser mártires y fanatizar a la sociedad catalana», según dirigentes populares y socialistas. En todo caso, arranca el curso con inusitada fuerza y una cuenta atrás hacia el nueve de noviembre. Lo dicho. Un calvario judicial y político en toda regla.