El Gobierno trabaja para evitar que terroristas o violadores sean profesores

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que el Gobierno estudia "medidas legislativas"para evitar que terroristas, violadores y otros delincuentes puedan llegar a ser profesores, después del informe de la Guardia Civil sobre la presencia en algunos centros de Navarra de profesores relacionados de alguna manera con ETA.

El ministro ha respondido a una pregunta de la diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que ha pedido explicaciones sobre la realización de esta investigación y sobre su filtración. El documento apunta que un 5 por ciento de profesores euskaldunes en Navarra están vinculados con ETA y otro 25 por ciento pertenece al entorno, a la llamada izquierda abertzale.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya adelantó tras conocerse el citado informe que el Ejecutivo estudiaba cómo evitar la llegada de determinados delincuentes a la docencia y el ministro ha confirmado hoy que se trabaja en propuestas legislativas.

Fernández Díaz ha asegurado que la Guardia Civil no realiza informes sobre modelos educativos en concreto, en este caso, el llamado modelo D de educación íntegramente en euskera en Navarra. "La Guardia Civil y la Policía tienen la obligación de investigar la infiltración de cualquier radicalismo violento. La Guardia Civil no investiga a profesores ni maestros sino a esta y su entorno", ha dicho.

El responsable de Interior ha añadido que supone que Barkos será "la primera interesada"en que la educación, la lengua y la cultura "estén libres de toda contaminación terrorista". El objetivo, ha abundado, es evitar "que la acción docente sea usurpada por quienes quieren ponerla al servicio del fanatismo terrorista y tergiversar el relato sobre lo que de verdad ha sucedido históricamente".

Uxue Barkos ha censurado la existencia de este informe y ha pedido explicaciones sobre su origen, si se ha investigado a unos 1.600 docentes "sin requerimiento judicial", pero el ministro no le ha dado respuesta.

"Un 25 por ciento (de profesores) utilizaría centros educativos para adoctrinar. Es una acusación grave que choca de frente con un dato: nunca se ha expedientado a un profesor del modelo D por adoctrinamiento ni hay expediente en marcha", ha denunciado.