El informe de la UDEF no revela indicio de delito alguno

No sólo la autenticidad como prueba de una fotocopia puede cuestionar la verosimilitud de lo que apuntan los «papeles de Bárcenas», sino que el análisis del propio informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y fiscal (UDEF) pone en duda la validez jurídica de sus conclusiones.

En primer lugar, el documento no puede considerarse concluyente para identificar responsabilidad penal alguna. Así, el propio autor reconoce que se trata de un «análisis preliminar de información» o de «un estudio preliminar». Asimismo, se hace referencia a la necesidad de «completar la información» y «esclarecer los hechos investigados».

Las relaciones que el texto aporta entre personas físicas y jurídicas son también inconsistentes, pues la metodología es una mera inferencia sin base desde el punto de vista jurídico.

El propio informe reconoce que es inviable identificar todas las donaciones anónimas al PP para investigar la posible relación entre donaciones y contrataciones públicas a empresas, y no pone en cuestión ninguna licitación pública en concreto. Se limita a relacionar volúmenes de contratación de administraciones públicas con el común denominador de estar dirigidas por gobiernos del PP con donativos de personas físicas cuya identidad, en la mayoría de los casos, no está probada, sino que es mera inferencia.

El informe tiene además sólo un valor indiciario, y se basa en unos documentos de autoría no plenamente confirmada, sin datar y cuya procedencia se desconoce. Por sí solo no prueba absolutamente nada.

Respecto a si las correlaciones entre donaciones y adjudicaciones de contratos revelan alguna irregularidad o indicio de delito, la conclusión es negativa. En primer lugar, la información sobre donaciones es inexacta. No consta en las cuentas del PP ningún donativo nominativo de los que figuran en los «papeles» y no existe correspondencia entre los importes que figuran como ingresos en los «papeles» (posibles donativos) y los importes que recoge la cuenta de donativos anónimos de los populares.

Es dudoso, en cualquier caso, que el documento de la UDEF pueda considerarse como válido jurídicamente, pues alude a supuestas conductas delictivas que, de ser ciertas, ya habrían prescrito.