El Congreso suspende a los diputados presos tras el aval de los letrados

La Mesa del Congreso ha suspendido a los cuatro diputados presos tras el informe de los letrados de la Cámara Baja solicitado por la presidenta del Congreso. La decisión ha sido tomada con los votos en contra de Unidas Podemos.

El informe de los letrados de la Cámara ha señalado a la presidenta del Congreso el camino a tomar. A pesar de que el PSOE quería retrasar la suspensión de los diputados catalanes en prisión preventiva por el 1-O, el escrito de los abogados ha sido contundente y tras 48 horas de tensión entre el Tribunal Supremo y la Mesa del Congreso en cuanto a quién debía revocar el acta de diputados a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, finalmente el órgano del poder legislativo ha suspendido en el ejercicio de sus cargos a los líderes independentistas en torno a la una y media de la tarde.

Una decisión para la que finalmente no se ha necesitado votación, según explican fuentes parlamentarias, puesto que los componentes de la mesa han acatado el informe de los abogados. Sin embargo, como ya adelantó el grupo parlamentario en otras ocasiones, los dos representantes de Unidas podemos en la Mesa se han mostrado en contra de la proposición y han pedido más tiempo para tomar la decisión. Los tres representantes del PSOE, los dos del PP y los dos de Cs han mostrado su posición a favor de la suspensión.

Por su parte, la vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, Ana Pastor, se congratuló de la decisión adoptada aunque lamentó que “se han perdido 48 horas” puesto que el dictamen ahora ofrecido por los letrados defiende la postura de los populares, que ya abogaron por la suspensión automática, apoyándose en el artículo 21.1.2 del Reglamento del Congreso. Según los populares, esta misma norma acredita con solvencia la suspensión de los diputados presos.

La propia presidenta del Congreso, Maertxell Batet, ha anunciado al término de la reunión la suspensión en el ejercicio de sus cargos, derechos y deberes establecidos en el Reglamento de la Cámara en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tal y como habían determinado los servicios jurídicos. Una decisión con carácter retroactivo al día 21 de mayo, fecha en la que se constituyeron las Cortes. En este punto, desde Ciudadanos pidieron que la medida tenga un carácter retroactivo y se aplique desde el día de las elecciones generales para evitar “que cobren un solo euro” de las Instituciones, según reclamó el secretario general de Cs, José Manuel Villegas.

El informe de los letrados indicaba la suspensión inmediata de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull. Una suspensión, según revela el escrito, que se toma en base al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no en aplicación del artículo 21.1.2 del Reglamento del Congreso, como inquiría el Tribunal Supremo para proceder a la suspensión de los diputados que están siendo juzgados en la Sala segunda del Tribunal Supremo por delitos de Rebelión.

Según los letrados de la Cámara no se puede suspender atendiendo al Reglamento del Congreso a estos diputados presos puesto que la citada norma no concurre "la totalidad de los elementos requeridos”. Este artículo establece que serán suspendidos los diputados "cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure esta". En el escrito los letrados, explican que no es este el caso puesto que “no ha habido suplicatorio” del Alto Tribunal.

Los letrados se basan en que en el citado artículo de la ley del Enjuiciamiento criminal se establece que “Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión preventiva”.

Según el escrito de los letrados, era la Mesa la que debía alcanzar la medida de suspensión automática, es decir los efectos que ésta puede tener para el cómputo de la mayoría absoluta en el Congreso, al anular ahora a estos cuatro diputados. Sin embargo, la Mesa ha decidido finalmente pedir un nuevo dictamen a los servicios jurídicos de la Cámara. Esta mayoría con los 350 parlamentarios se fijaba en 176 diputados, los cuales son la clave para la sesión de investidura. Para este asunto se convocará una nueva Mesa para adoptar en su momento los acuerdos necesarios. Una decisión que fue propuesta por la diputada popular, Ana Pastor, según confirmó ella misma.

En el caso de que los cuatro diputados presos no renunciaran a su acta -a pesar de que Junqueras ya anunció días atrás que lo haría para tratar de acceder al Parlamento Europeo si resulta elegido este domingo como eurodiputado- la presidenta del Congreso ha confirmado que en ese caso “serán diputados suspendidos”. Cabe recurso de acusación por parte de los presos sobre la decisión tomada por la Mesa del Congreso.

En cuanto al escenario de tensión vivido estos dos días entre el poder legislativo y el judicial, Batet se ha escudado en defender que ha tomado las decisiones correspondientes “conforme a derecho y con la máxima seguridad jurídica”, y que por ello dirigió el escrito al Tribunal Supremo para “aclarar las dudas sobre la suspensión”. Dentro de este mismo argumento también ha justificado el informe encargado a los letrados por “la complejidad y delicado” de la cuestión. En este sentido, ha remarcado que el encargo del informe ha sido la decisión "más prudente, más garantista y con mayor seguridad jurídica"que se podía tomar.