El Tribunal Supremo procesará a todos los implicados en el «procés»

El juez Pablo Llarena ha citado a Carme Forcadell, Jordi Turull, Raul Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Marta Rovira para notificarles el auto de procesamiento.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena comunicará el viernes el procesamiento de los principales responsables del «procés», en una causa en la que han declarado como investigados un total de 28, entre ellos Carles Puigdemont, cuatro ex consellers y la ex dirigente de la CUP Anna Gabriel, quienes se encuentran huidos en Bélgica y Suiza. Todo hace prever que acusará a todos los que formaban parte del Ejecutivo de Puigdemont del delito de rebelión, aunque habrá imputados que no deberán responder por el citado delito. Este acto será el inicio para sentar en el banquillo a aquellos sobre los que hay indicios serios de su participación en el proceso soberanista que culminó con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Ello no significará, en cambio, el final de la instrucción, ya que el magistrado solicitó el pasado martes la Guardia Civil la aportación de documentos que sustentan su informe sobre los gastos públicos para la celebración del referéndum unilateral de independencia del 1-O, y, junto a ello, acordó formar pieza separada, declarada secreto por un mes. Por tanto, continuará sus investigaciones sobre estos extremos.

Sin embargo, mañana habrá seis de los procesados que no estarán sólo pendientes de los delitos que se les imputan, sino que, principalmente, esperarán hasta ver si el instructor modifica su situación actual de libertad bajo fianza por el de ingreso en prisión provisional. En esta situación se encontrarán la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y los ex consellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa. Todos ellos son actualmente diputados en el Parlament de Cataluña.

El magistrado ha convocado una «vistilla» para decidir sobre las medidas cautelares al respecto. Por ello, preguntará a las acusaciones, Ministerio Público y VOX si solicitan la restricción de esas medidas, entre las que podría estar la de prisión provisional. Para que esta última se pudiera acordar, en virtud del principio acusatorio, sería imprescindible que lo pidiese alguna de esas acusaciones. En esa situación, el instructor tendría que decidir si modifica o mantiene la situación respecto a los que inste su ingreso en prisión o aumentar las medidas restrictivas. En cambio, si ninguna pide modificación alguna, todos continuarán en la misma situación que en estos momentos, es decir, en libertad bajo fianza.

La Fiscalía, según informaron a este periódico fuentes jurídicas, no ha solicitado en ningún momento la celebración de esta comparecencia, entre otros motivos porque «no se esperaba que el procesamiento fuera esta misma semana». Así, el Ministerio Público tendrá que decidir si insta que algunos de los seis ingrese en prisión provisional. De hecho, el pasado 1 de diciembre, el Ministerio Público y VOX solicitaron al instructor que mantuviese en prisión a todos ellos, por considerar que existía riesgo de reiteración delictiva.

Especialmente significativo será en lo que pueda suceder respecto a Turull, a quien los grupos independentistas pretenden presentar como candidato a presidente de la Generalitat. En la hipótesis de que se decretase la prisión de Turull, las posibilidades de ser investido president caerían en saco roto, pues si se confirmase el procesamiento quedaría inhabilitado provisionalmente para ocupar cargo público, tal como establece el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siempre que sea procesado por rebelión.

Entre los imputados en este proceso, además de los citados y de quienes están en prisión preventiva (el ex vicepresident Oriol Junqueras, los independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y el exconseller de Interior Joaquim Forn), figuran el ex president Artur Mas, Anna Gabriel y Mireia Boya (CUP); el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y los ex consellers Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig. También deberán acudir los ex miembros de la Mesa del Parlament Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó (todos ellos en libertad bajo fianza) y Joan Josep Nuet, en libertad sin medidas cautelares. En total, los imputados en este procedimiento son 28.

En relación con Turull, el juez Llarena dictó un auto el pasado 4 de diciembre por el que acordó dejarle en libertad bajo fianza de 100.000 euros, al igual que a otros cinco ex consejeros de la Generalitat de Cataluña: Raül Romeva, Josep Rull, Dolores Bassa, Meritxell Borrás y Carles Mundó. Sobre todos ellos, excepto Mundó, serán los que las acusaciones deberá decidir si instan la modificación de su situación actual o no,

En esa resolución, advertía a Jordi Turull de que si mentía en sus propósitos de respetar la Ley y de guiarse por vías constitucionales y reincidía en el delito, podría volver a la cárcel. Así, dejaba claro que si esos investigados «volvieran al delito, el comportamiento podría corregirse completa e inmediatamente con sólo adoptar la decisión de modificar las medidas cautelares que apostaron por su libertad».

De lo que decida el juez Llarena dependerá la estrategia del Gobierno central para evitar que en Cataluña vuelva a vulnerarse la Ley. El Ejecutivo cree que Turull será inhabilitado y la Generalitat podría quedar en manos de ERC.