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El juez embarga bienes a Rato por valor de 18 millones de euros, incluida su pensión del FMI
La Fiscalía defiende que la Audiencia Nacional asuma las dos investigaciones al ex ministro
El magistrado ha ordenado el embargo de bienes por valor de 18 millones de euros al expresidente de Bankia por no haber hecho efectiva la fianza de responsabilidad civil impuesta por estar imputado por delito fiscal y blanqueo en el «caso Rato».
El magistrado que investiga al ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por delito fiscal y blanqueo de capitales ha ordenado el embargo de sus bienes por valor de 18 millones de euros, incluida la pensión que cobra del Fondo Monetario Internacional (FMI) como ex director de la institución, para hacer frente a la fianza que le impuso en su día para hacer frente a posibles responsabilidades civiles. El juez Antonio Serrano-Artal, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, adoptó ayer esta decisión tras tomar declaración a uno de los tres imputados en la causa, el abogado Domingo Plaza, al que atribuye la comisión de delitos tributarios, de corrupción entre particulares y blanqueo, y a quien el instructor no impuso medida cautelar alguna.
Serrano-Artal continúa adelante con la investigación aunque sigue en cuestión a qué juzgado corresponde la competencia del procedimiento. El magistrado madrileño se inhibió del asunto en beneficio del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que ya investiga a Rato por la salida a bolsa de Bankia y que rechazó hacerse cargo de la causa de su compañero.
Ahora, la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido esa resolución al entender que «si todo o parte de los actos de blanqueo se han producido en el extranjero» es la Audiencia Nacional el tribunal competente para instruir el procedimiento. De lo contrario, advierte en su recurso, la investigación del supuesto blanqueo sería «inviable», pues los juzgados de Madrid no pueden instruir un delito cometido, «aunque sea en parte, en el extranjero». Por esta razón, añade, las comisiones rogatorias cursadas al extranjero se verían «claramente comprometidas y con ello la averiguación de los hechos».
De hecho, Anticorrupción precisa que Kradonara, una sociedad patrimonial de Rato, recibió entre 2006 y 2014 «6,5 millones de euros procedentes del extranjero cuyo origen se desconoce», unas rentas por las que, según concluyó la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) en un informe del pasado julio, «no consta» que el ex presidente del FMI «ni sus empresas hayan tributado».
Andreu esgrimió que es en Madrid donde se habrían cometido los supuestos delitos, un argumento del que discrepa la Fiscalía, que recuerda que Kradonara recibió transferencias que posteriormente traspasó a depósitos de la sociedad alemana Bagerpleta –propietaria de un hotel en Berlín y de la que Rato posee el 50%– en Lérida. «No es en Madrid donde se residencia únicamente la actividad criminal», insiste Anticorrupción.
La inversión en el citado hotel en Alemania, subraya la Fiscalía, «integra la comisión del delito de blanqueo, por lo que no puede el Juzgado Central eludir su competencia». Se trata de investigar, añade, «el flujo dinerario que procedente del extranjero, de origen injustificado, llega a Kradonara y sale invertido a Alemania». Una sociedad, hace hincapié Anticorrupción, que «ha estado recibiendo cuantiosas cantidades de dinero» (los referidos 6,5 millones de euros). La Fiscalía recuerda que Kradonara es propiedad de Vivaway, cuyo beneficiario último es el ex ministro de Economía.
Las claves
- La fiscalía alerta de las «cuantiosas cantidades de dinero» que ha recibido Kradonara, la sociedad de Rato, tanto en divisas como en transferencias bancarias.
- Entre 2006 y 2014 Kradonara percibió en divisas 6,5 millones de euros del extranjero (Reino Unido, Gibraltar y Luxemburgo) «cuyo origen se desconoce».
- El exministro percibió en divisas 1.518.017 euros en 2012 y 1.259.305 en 2013 (procedentes de Estados Unidos, Luxemburgo y República Dominicana).
- VIVAWAY. La sociedad de Rato recibió 2,5 millones entre 2013 y 2014 de la panameña Wescastle Corporation, domiciliada en Ginebra.
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