El juez pide que las multas paguen la deuda de Marbella

La Razón
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Pese a que la sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo –extremo que ya han anunciado las defensas de buena parte de los condenados y que estudia la Fiscalía Anticorrupción–, vuelve a plantearse la necesidad de que los bienes incautados a lo largo del procedimiento y las multas impuestas a los condenados reviertan sobre las arcas del Ayuntamiento de Marbella.

En este sentido, el propio presidente del tribunal del «caso Malaya», José Godino, quiso ayer hacerse «eco del deseo y la esperanza» de los ciudadanos de la localidad costasoleña de que parte del dinero que derive de las multas impuestas revierta en beneficio de su Ayuntamiento. Según Godino, «por el ambiente generalizado de corrupción en el que se ha visto envuelto –el municipio marbellí,– ha sufrido evidentes perjuicios morales y económicos que deben ser resarcidos en la medida de lo posible», por lo que incidió en que «no es justo que, como consecuencia de los actos y conductas que se han juzgado en «Malaya», el pueblo marbellí se encuentre endeudado durante años con Hacienda y la Seguridad Social, mientras que el dinero y los bienes decomisados revierten en otras localidades distintas». En la misma línea, la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, consideró que la sentencia «es una acción de justicia con la ciudad» y recordó que desde el consistorio «hemos defendido desde el principio que todo lo que se recupere en los procedimientos judiciales sirva para paliar el daño y la deuda que nos dejaron los anteriores equipos de gobierno». Pese a que «gracias a la gestión del equipo de gobierno del Partido Popular en los últimos seis años hemos conseguido dar un giro radical a la situación de la ciudad y del Ayuntamiento», el consistorio mantenía una deuda, a 31 de diciembre de 2012 de más de setenta millones de euros con Hacienda, y casi 194 millones de euros con la Seguridad Social, a la que añadir otros débitos con entidades bancarias y con el Gobierno autonómico, que elevarían a cerca de 500 millones de euros el débito global. Fuentes del Ayuntamiento marbellí explicaron que se ha de aprobar una modificación de la Ley de Decomisos del Código Penal para propiciar que los bienes incautados en el proceso puedan volver a Marbella.