El juez rastrea el "1% del PP de Madrid"

Sitúa el desvío de fondos en ocho conserjerías

Sitúa el desvío de fondos en ocho conserjerías

Presidencia, Sanidad; Transportes, La Mujer; Economía; Medio Ambiente, Hacienda, Economía e Innovación Tecnológica. Esas ocho consejerías estarían en el epicentro de la presunta financiación ilegal del PP de Madrid para las campañas electorales para las municipales de 2007 y 2008 y las generales de 2008, según pone de manifiesto el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el auto donde acuerda abrir una pieza separada sobre «Financiación ilícita del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y de sus dirigentes. Desvío de dinero público y falsedad electoral», dentro del «caso Púnica».

Además de esas consejerías, el magistrado alude directamente a dos «artilugios» utilizados como «instrumentos de desvío de fondos públicos»: Fundescam –fundación vinculada al PP y presidida por Esperanza Aguirre entre 2004 y 2010– y las empresas públicas de la Comunidad de Madrid Agencia de Informática y Comunicación (ICM) y Canal de Isabel II, «a través de la adjudicación de contratos con la prestación simulada o sobrevalorada»; así como la Dirección General de Medios –adscrita a vicepresidencia–.

El «plan preconcebido, impulsado desde Presidencia y Vicepresidencia y con el respaldo de otros consejeros, logró desviar entre los años 2006 a 2010 «un flujo muy importante de fondos públicos de diversas consejerías o de los entes públicos adscritos a las mismas».

Para esa finalidad, el «plan» preveía dos «artificios»: la adjudicación amañada de contratos públicos de publicidad e información a las empresas del también investigado Horacio Mercado; y, en segundo lugar, pero más que relevante, mediante la introducción en pliegos de contratos de adjudicación pública de la «cláusula del 1%».

El magistrado señala que hay indicios de que esa cláusula se introdujo en contratos de las citadas ocho consejerías, y que la cantidad que se habría desviado, entre los años 2006 y 2009, de esa forma estaría muy próxima a los cinco millones.

Esta cláusula se introducía especialmente en los contratos con elevados presupuestos que se iban a licitar desde algunas consejerías, como eran los de construcción de obras; y con ella se «obligaba a la empresa contratista correspondiente, a abonar hasta un 1% de su presupuesto total para la contratación de publicidad de la obra pública adjudicada». Esta «obligación» de pagar ese 1 por ciento conllevaba el «consiguiente perjuicio para las arcas públicas, que veían minorados sus fondos en ese porcentaje». Esa cantidad se enmascaraba en no pocas ocasiones como «simulada publicidad» a través de facturas falsas, pero que, en realidad, habrían servido para nutrir los fondos de la caja B del PP de Madrid en los citados años.

Así, destaca en este punto, lo relativo a la Consejería de Sanidad y su ente adscrito, el SERMAS, donde las empresas concesionarias de siete hospitales públicos abonaron, en virtud de la citada cláusula del 1%, un total de 1.883.289 euros entre 2006 y 2007; cantidad a la que hay que sumar 1.190.281 euros como pagos realizados pro las constructoras de una veintena de centros de salud.

Junto a ello, el magistrado alude a donaciones a Fundescam como medio para ocultar las aportaciones efectuadas bien «para pago de actos de la campaña por empresarios, que por ser contratistas» de la Comunidad «no podían realizar entregas de dinero para pago de gastos electorales», o para «encubrir el importe de la donación»..

En algunas ocasiones, como en la campaña autonómica de 2011, algunos de esos empresarios optaban por entregar el dinero en efectivo a los conocidos como «recaudadores del partido», los cuales posteriormente entregaban esas cantidades al gerente, Beltrán Gutiérrez, para nutrir esa caja B. Sin embargo, uno de esos «recaudadores», Francisco Granados, en su «afán de enriquecimiento», no hacía llegar todo ese dinero al gerente del partido, «haciendo llegar a las arcas del Parido Popular de la Comunidad de Madrid una cantidad menor».

Como contraprestación, destaca el juez, esos empresarios fueron compensados con adjudicaciones públicas.