El portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, implicado en los ERE

En un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido en diciembre de 2012 al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, aparece un nuevo nombre: Francisco Álvarez de la Chica, actual portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara andaluza y senador. ¿Dónde? En las conclusiones del expediente relacionado con un compromiso de ayuda adquirido por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, dirigida por el imputado en la causa Francisco Javier Guerrero, con las empresas Cespa SA y FCC SA en 2004. En el documento de la UCO, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se relata que con el objetivo de poner fin a un conflicto laboral surgido en la provincia de Granada, en el sector de la limpieza pública, Guerrero «adquirió el compromiso verbal y escrito, ante todas las partes afectadas», de que su departamento se haría cargo de afrontar «el pago de la subida lineal que las empresas afectadas quedaron obligadas a aplicar a los salarios de sus trabajadores». «Considerando por lo tanto éstas –se añade– que los costos salariales de estos incrementos serían reembolsados por la propia Junta, exigiendo tanto los sindicatos –CC OO– como las empresas afectadas que se concediese una ayuda directa» que «asegurara el cumplimiento de lo pactado».

Si bien, tras analizar el expediente sobre este asunto facilitado por la Junta, la UCO no ha hallado solicitud formal de la ayuda ni firma de protocolo alguna de colaboración entre dichas sociedades y el Gobierno andaluz en el que «se detallen las cuantías y la partida presupuestaria a la que se cargaría» el dinero público. Tampoco han encontrado la rúbrica de un convenio entre la Dirección General de Trabajo y el Instituto Andaluz de Fomento (IFA, ahora Agencia IDEA) «por el que se encomiende a éstos la materialización singular de las ayudas», es decir, su pago. En definitiva, la Guardia Civil considera que la subvención «se tramitó y concedió prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en el marco normativo aplicable». Circunstancia que «supuso una menor fiscalización y una mayor arbitrariedad en su adjudicación».

Avanzando en el informe, en un apartado sobre el grado de «participación y conocimiento» de los cargos públicos en la negociación, consta la presunta implicación de Álvarez de la Chica en una reunión mantenida en la sede del Parlamento andaluz en Sevilla, en la que se cerró el acuerdo que se firmaría con posterioridad en Granada. En el encuentro también estarían presentes, según la declaración de un testigo en la causa, Guerrero, el entonces delegado provincial de Empleo en Granada, Luis Rubiales y el vicepresidente de la Diputación de aquella provincia, Maldonado Cañabete.

La juez Mercedes Alaya se refiere en su auto de 31 de julio de 2013 a ese conflicto laboral y sostiene que el «escollo fundamental de la negociación era la subida salarial reclamada por los trabajadores a las empresas adjudicatarias de las concesiones públicas» FCC y Cespa.

Según éstas, «no resultaba factible realizar incrementos más allá del IPC, a menos que las propias administraciones locales elevaran el canon de las concesiones públicas». Guerrero propuso que fuera la Junta la que asumiera «el pago lineal a los trabajadores durante los años de duración» del pacto y se alcanzó un preacuerdo que se recogió luego en un convenio colectivo para Granada en abril de 2006. Según la magistrada, el ex director general de Trabajo, «sin la tramitación de expediente alguno y con falta de competencia para ello», remitió un escrito a la aseguradora Personal Life «mostrando su conformidad para la suscripción de una póliza cuyos beneficiarios eran Cespa y FCC con una renta total a percibir de 452.000 euros» cada una de ellas.

Álvarez de la Chica no ha sido imputado por Alaya pero la inclusión de su nombre en el informe de la UCO podría suponer que no repitiera en la Portavocía del PSOE en el Parlamento, si la presidenta «in pectore» de la Junta, Susana Díaz, sucesora de Griñán, decide que ése sea el listón para el cambio que prepara ante su inminente toma de posesión.