El PP de Madrid destinó subvenciones públicas a pagar la campaña de 2008

El PP de Madrid financió parte de los gastos de la campaña electoral de las generales de 2008 recurriendo a «cauces no legales», fundamentalmente a través de subvenciones que recibía la fundación Fundescam.

El PP de Madrid financió parte de los gastos de la campaña electoral de las generales de 2008 recurriendo a «cauces no legales», fundamentalmente a través de subvenciones que recibía la fundación Fundescam, vinculada a los populares, por cursos de formación que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, nunca se llegaron a impartir.

En un informe de la unidad del Instituto Armado incorporado al sumario del «caso Púnica» –en el que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga la supuesta financiación ilegal del PP madrileño–, los agentes analizan uno de los dispositivos de almacenamiento de memoria intervenidos al ex gerente del PP regional Beltrán Gutiérrez, en la que se relacionan gastos electorales identificados como «actos, publicidad exterior, imprenta» o «esquineros, banderolas, trípticos» junto a una lista de proveedores del partido para esos servicios propios de la campaña.

Pero lo que ha llamado la atención a la UCO es el desglose de los conceptos que indicarían cómo se pagaban esos gastos: «cuentacorriente» ( la correspondiente a a la campaña electoral del PP), «sede» (a través de la sede regional del partido) y «F», presumiblemente Fundescam. Para la Guardia Civil esos documentos apuntan a que «parte de esos gastos se habrían asumido por cauces no legales como los que asumiría la fundación Fundescam».

«A través de la emisión de facturación por operaciones mercantiles inexistentes, como la celebración de cursos que no se habrían realizado, a la fundación Fundescam –mantiene la unidad policial–, se habría reducido la deuda contraída por el PP de Madrid en relación con gastos electorales de las elecciones generales del año 2008 –en las que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, encabezó la candidatura del PP–, los cuales serían abonados finalmente a través de una subvención pública concedida por la Comunidad de Madrid».

Esa subvención, por un importe de 200.620,64 euros, fue concedida precisamente por el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González –en prisión desde el pasado abril por el «caso Lezo»– mediante la orden 324/2008 de 18 de noviembre de ese mismo año.

En el expediente que acompaña a la concesión de esa subvención figura además un documento, de 8 de septiembre de 2008, firmado por el propio Beltrán Gutiérrez y por el ex presidente de la Asamblea de Madrid José Ignacio Echeverría en el que certifican, subraya la UCO, «la realización de las actividades, cursos, reuniones, etc» que avalaron las facturas correspondientes. Pero para la Guardia Civil se trataría de «una facturación falsa para abonar gastos electorales del Partido Popular de Madrid».

El documento intervenido al ex gerente del PP de Madrid también asigna supuestamente a Fundescam gastos por importe de 50.529 y 46.189 euros correspondiente al coste de «esquineros» (los encargados de repartir propaganda electoral durante la campaña) y «telepronter» (una pantalla de lectura utilizada en los mítines para que los políticos puedan leer sus discursos).

Los agentes creen que la reiteración de actos y presentación de documentos para intentar que «quedase patente» que González presentó su renuncia como patrono de Fundescam en fechas anteriores a la concesión de las subvenciones bajo sospecha –de modo que «así figurase su desvinculación con la misma»– sólo denota «el grado de conocimiento que éste tendría de la utilización de facturación falsa» por parte de Gutiérrez y Echeverría, «de la improcedencia de conceder la misma y de la finalidad real de la misma».

Ese año, además, recuerda la UCO, Fundescam recibió 150.000 euros en virtud del convenio con la Fundación Caja Madrid.

Los agentes avalan la veracidad de los documentos contables incautados al ex gerente del PP madrileño al comparar las anotaciones con los datos consignados en la cuenta corriente oficial de la campaña. Analizados ambos, la Guardia Civil ha constatado la existencia de «facturas coincidentes en cuanto a su importe exacto y nombre del proveedor con los importes y proveedores que aparecen en el documento contable relativo a las elecciones generales del año 2008».