El PP lanza a sus barones para acorralar a Sánchez con la financiación

Reclaman 4.000 millones de euros. Los presidentes populares exigen la reunión del Consejo de Política Fiscal y afean a Moncloa que se escude en su interinidad para no evitar la asfixia autonómica.

Superados ya los cuatro meses con el Gobierno en funciones, el bloqueo en el que el presidente Sánchez y su equipo permanecen instalados y la parálisis a la que parecen querer abocar al país tienen muchas caras visibles: la inacción del Parlamento en su labor legislativa y en su agenda de reformas, la falta de control al Ejecutivo o la interinidad de Moncloa frente a los retos que el país tendrá que gestionar a partir del mes de septiembre, con la sentencia del juicio del «procés» en el centro de todos los focos.

A todo ello se suma la falta de Presupuestos Generales y la ausencia de recursos financieros que comienzan a denunciar algunos gobiernos de las comunidades autónomas.

Es en ese contexto en el que los barones regionales del PP lanzaron ayer una ofensiva para que Sánchez y el Ministerio de Hacienda convoquen una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y muevan ficha en lo que respecta al sistema de financiación autonómica. Los cinco ejecutivos que los populares controlan exigen cambios de manera urgente. La estrategia de Génova se ha coordinado con los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; de Murcia, Fernando López Miras; de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y de Castilla y León, Fernando López Mañueco.

A esas voces se suman otras, no necesariamente procedentes del PP. Es el caso de Compromís, socio de gobierno de los socialistas en la Comunidad Valenciana, que también exige dar inicio a los trabajos que deben conducir a un nuevo modelo.

Moreno Bonilla dio el pistoletazo de salida: «Reclamo a Pedro Sánchez la convocatoria urgente y monográfica del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre financiación autonómica. El Gobierno de España se ha quedado sin excusas para pagar a Andalucía los 1.350 millones que nos adeuda de 2019», aseguraba a través de las redes sociales. Díaz Ayuso, desde Madrid, ponía también cifras al perjuicio que supone para esta comunidad la situación de bloqueo político: «El gobierno socialista en funciones se ha estado escudando en un informe inexistente de la Abogacía para no abonar a la Comunidad de Madrid 1.300 millones de euros».

Para López Miras, la falta de iniciativa del Gobierno de Sánchez puede poner en riesgo los servicios públicos en Murcia. Desde esta comunidad, al margen de la reforma del sistema de financiación también se reclaman 234 millones de entregas a cuenta que figuran en las cuentas de este ejercicio. Esta factura se eleva, en el caso de las exigencias del Gobierno de Castilla y León, hasta los 440 millones, tanto por las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica correspondiente al año 2019 y por la liquidación de otros conceptos de 2017. «Un gobierno en funciones no es un gobierno sin funciones.

Y la más importante es que los servicios públicos se presten con normalidad. Pedimos un Consejo de Política Fiscal y Financiera inmediato. Los ciudadanos necesitan explicaciones y soluciones sobre financiación autonómica», insistió el presidente gallego. Entre los presidentes autonómicos socialistas, el de Aragón, Javier Lambán, también calificó de «difícil» la situación que deben afrontar las regiones en el momento actual, y, por ello, aseguró que debe constituirse el Gobierno central de manera «urgente».

Sin fondos para los servicios

El origen de este conflicto se encuentra en la falta de recursos que las autonomías sufren a la hora de financiar las competencias y los servicios que ostentan. La convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera que reclaman los populares busca dar salida a esta situación. No en vano, el Consejo es el único foro en el que se reúnen todos los gobiernos para discutir sobre asuntos de financiación y el objetivo de los barones del PP es que se ponga fecha a esta cita ya para discutir el agujero en las cuentas con el que afrontan la recta final del año. El agujero en las arcas regionales se debe a que, en el momento actual, Hacienda no ha actualizado las entregas del sistema de financiación autonómica, esto es, las transferencias que hace mes a mes a las comunidades según lo que corresponde a cada una. Tampoco ha pagado un ajuste del IVA de 2017 pendiente. Las autonomías, sin embargo, contaban con estos fondos, ya que el propio Gobierno se los anunció el año pasado y ellas los incluyeron en sus respectivas cuentas autonómicas para 2019, según informa Europa Press. Sin embargo, esos fondos no llegan y ello obligará, probablemente, a los gobiernos autonómicos a hacer ajustes sobre sus previsiones de gasto.

Desde Moncloa argumentan que no pueden transferir estas partidas estando en funciones y con el Presupuesto prorrogado de 2018. Y basan esta imposibilidad en un informe de la Abogacía del Estado, adelantado ayer por «El País», que considera ilegal el bloqueo de estos fondos. Toda la oposición en su conjunto, del PP a Podemos pasando por Cs y Vox, cargaron ayer contra la ministra de Hacienda por la gestión de esta crisis y por la utilización partidista de la Abogacía del Estado. María Jesús Montero, por su parte, señaló ayer que el Gobierno «busca fórmulas» para pagar las entregas a cuenta a las comunidades y «sortear» el informe de la Abogacía del Estado. En una entrevista con Onda Cero, Montero reconoció que el informe escrito fue solicitado la semana pasada y llegó ayer al Ministerio de Hacienda, pero dejó claro que la Abogacía del Estado mantiene desde 2016 el criterio de que «un Gobierno en funciones no puede tomar decisiones que condicionen la actuación de un nuevo Ejecutivo».