El PP ultima la oficina anticorrupción que vigilará de oficio a sus cargos

Tocado por la «operación Lezo», el partido ha decidido acelerar la creación de la Oficina del Cargo Popular para disponer cuanto antes de un órgano que podrá investigar de oficio cualquier comportamiento sospechoso en sus filas.

El PP, muy tocado en las últimas semanas tras la operación Lezo, que ha supuesto el ingreso en prisión del expresidente madrileño Ignacio González, ultima la puesta en marcha de un órgano que creó en el último congreso y que vigilará de oficio a sus cargos públicos para evitar nuevos casos de corrupción.

Se trata de la Oficina del Cargo Popular, que como adelantó la pasada semana en una entrevista con EFE el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo, se pondrá en marcha en la próxima reunión que celebre la dirección del partido, ya sea un comité ejecutivo nacional o una junta directiva.

Será entonces cuando se dé el visto bueno a la creación de este órgano que será autónomo y que formarán entre tres y cinco miembros del partido expertos en derecho que no podrán ostentar ningún cargo público.

El PP aún no ha convocado la reunión que aprobará la oficina -según los estatutos tiene que ser el comité ejecutivo, por eso valdría también la junta directiva, en la que se integra dicho comité- pero para cuando lo haga el presidente del Gobierno y líder del partido, Mariano Rajoy, ya tendrá que haber pensado los nombres de las personas en las que va a confiar tan delicada función.

Si en el periodo previo a la celebración del congreso nacional, y en ese mismo cónclave, buena parte de la discusión interna estuvo en torno a las incompatibilidades de cargos, ahora, tras estallar el caso Lezo, el debate en el PP está en la "responsabilidad in vigilando".

Esperanza Aguirre dimitió hace ahora una semana, tras el ingreso en prisión de Ignacio González, y cuando lo hizo aseguró sentirse engañada y traicionada por su hombre de confianza, pero también reconoció que debió vigilar "más".

En estos días, Génova ha atribuido a Aguirre dicha responsabilidad como líder del partido en la región Madrid cuando se produjeron los hechos, y ha defendido la actuación de la dirección nacional en todo momento.

Así, esta semana se supo que el anterior vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, fue informado por el diputado autonómico Jesús Gómez sobre la existencia de una cuenta en Suiza a nombre de Ignacio González, pero no llevó el asunto a los tribunales sino que se lo remitió a Aguirre y también cuestionó al expresidente madrileño, que lo negó todo.

Maíllo, actual responsable de Organización, ha insistido estos días en que Génova hizo lo que tenía que hacer, y en la entrevista con Efe del pasado jueves justificaba esta forma de actuar en el hecho de que él "no es la policía ni un juez".

En cualquier caso, el partido ha decidido acelerar la creación de la Oficina del Cargo Popular para disponer cuanto antes de un órgano que tendrá permiso para investigar de oficio cualquier comportamiento sospechoso en sus filas.

Según el artículo 57 de los estatutos, la oficina será un órgano con autonomía en el ejercicio de sus funciones y sus miembros serán nombrados por el comité ejecutivo a propuesta del presidente del partido.

También el comité ejecutivo nacional tiene que aprobar el reglamento de funcionamiento de la citada oficina.

Según los estatutos, a la oficina le corresponderá supervisar a los cargos públicos y orgánicos y comprobar que cumplen con todos los requisitos necesarios para su función, comprobarán los datos económicos de cada cargo y conservarán la documentación reclamada en cada caso.

Pese a todas estas funciones de supervisión y la posibilidad de investigar de oficio, al final será como siempre el Comité de Derechos y Garantías el encargado de instruir y resolver los procedimientos disciplinarios.

Fue el Comité de Derechos y Garantías el que decidió la suspensión provisional de militancia de Ignacio González el pasado 19 de abril, el mismo día en que fue detenido y dos días antes de su ingreso en prisión.

Se trataba de un caso lo suficientemente grave como para justificar aquella decisión, y es que los nuevos estatutos incluyen un supuesto que permite la suspensión de militancia en casos de "delito flagrante de corrupción"que puedan provocar alarma social.

De no darse esa circunstancia, el partido mantiene en sus estatutos que no abre expediente disciplinario hasta que no hay apertura de juicio oral.