El PSOE dio el tercer grado a un sobrino de Chaves condenado por abusos al mes de dictarse la sentencia

Las críticas suscitadas a raíz del tercer grado concedido por Instituciones Penitenciarias al ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas parecen no recordar que ha habido otros casos en los que se ha clasificado a otros internos también en tercer grado, condenados por delitos de más envergadura y alarma social. Éste es el caso de J. C. D. , sobrino del ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, condenado a tres años y seis meses por abusos sexuales a dos alumnas de un colegio internacional de la provincia de Cádiz, donde impartía clases de pádel.

Pese a la gravedad del delito, el familiar de Chaves ingresó directamente en el Centro de Inserción Social (CIS) Luis Jiménez de Asua, de la capital hispalense, establecimiento de régimen abierto. Es decir, ni siquiera llegó a pisar un centro penitenciario de régimen cerrado. Cuando llevaba tan sólo un mes en el CIS, la junta de tratamiento de Instituciones Penitenciarias, departamento dirigido en ese momento por Mercedes Gallizo, decidió en octubre de 2011 clasificarle en tercer grado, después de contar con el informe favorable de la Junta de Tratamiento.

Gallizo aceptó esa propuesta al considerar que existía la «concurrencia en el interno de factores que apuntan al cumplimiento de una vida en semilibertad», aunque se supeditaba mantener esa clasificación al seguimiento de un programa de tratamiento específico y al pago de las responsabilidades civiles a las que fue condenado en sentencia, es decir, a indemnizar a las dos alumnas, a las cuales no había indemnizado con las cantidades fijadas en la resolución judicial. En el momento de la concesión en ese grado penitenciario, el interno llevaba justo un mes en el CIS, toda vez que ingresó en el mismo el 13 de septiembre. Gallizo tomó esa decisión apenas una semana después de la Junta de Tratamiento.

Hechos

Esta clasificación en tercer grado fue recurrida por la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria y su recurso fue estimado, por lo que fue reclasificado en segundo grado penitenciario. La sentencia que le condenó consideró probado que J. C. D., durante los cursos escolares de 2005 a 2007 trabajaba en el mencionado colegio internacional como profesor de pádel, encargado del almacén de material, fotocopiadora del centro y control de entrada de alumnos en el comedor y autobuses.

Mientras ejercía dichas funciones, afirmaba la sentencia, en octubre de 2006, «y en varias ocasiones», rodeó con los brazos a una chica, menor de edad entonces, y colocó sus manos «inmediatamente debajo de los pechos de la menor, levantándola y rozando al menos en una ocasión con sus órganos genitales el cuerpo» de la chica.

En otra ocasión, el condenado se encontró en el almacén a solas con otra alumna, a la que «echó el brazo izquierdo por encima del hombro y le tocó el pecho izquierdo». Esta niña contó lo sucedido a sus padres, quienes interpusieron la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil de Chiclana (Cádiz).

Por estos hechos, el juez de lo Penal condenó a J. C. D. a dos años y seis meses de prisión, por un delito continuado de abuso sexual, con la agravante de reincidencia y atenuante de dilaciones indebidas, y otro año de prisión por otro delito de abuso sexual. Además, se le prohibía acercarse a las menores a menos de 400 metros y se le inhabilitó para ejercer la enseñanza durante los siguientes 10 años.

La concesión de este beneficio penitenciario se une a los que también obtuvieron los socialistas Luis Roldán, ex director de la Guardia Civil, y Gabriel Urralburu, ex presidente de Navarra, de los que informó este diario el pasado miércoles.

Otros casos

Roldán, condenado a 31 años de prisión por apropiación indebida de 10 millones de euros, obtuvo el tercer grado tras haber cumplido solamente siete años y nueves meses en prisión. Por su parte, Urralburu, a quien la Audiencia Provincial de Navarra le condenó a 11 años de cárcel por el cobro de comisiones millonarias de constructoras que posteriormente fueron las adjudicatarias de obras públicas, sólo cumplió 444 días en prisión –previamente, el Tribunal Supremo había rebajado la pena a cuatro años–, tras los que obtuvo el tercer grado penitenciario. Ello, a pesar de que aún estaba abierto el «caso Otano», que sentó en el banquillo a varios ex dirigentes del socialismo navarro por recibir supuestamente cobros ilegales de más de un millón de euros pagados por Bosch Siemens en 1989. Esas comisiones millonarias pasaron por cuentas suizas y fueron extraídas coincidiendo con el «caso Roldán».