El PSOE resucita a Bárcenas para atacar a Santamaría sin pruebas

El PSOE abrió ayer la barra libre para que la campaña electoral lo ensucie todo. El lodo como respuesta a la presión de las encuestas y al miedo a lo que el partido y su dirección se juegan en estos comicios con valor de primarias en clave nacional.

El PSOE abrió ayer la barra libre para que la campaña electoral lo ensucie todo. El lodo como respuesta a la presión de las encuestas y al miedo a lo que el partido y su dirección se juegan en estos comicios con valor de primarias en clave nacional. Ayer, fueron los socialistas los que movieron ficha y convirtieron la sesión de control en el Congreso de los Diputados en un acto más de bronca campaña, desvirtuando lo que en teoría debería ser la fiscalización de la labor legislativa del Ejecutivo para poner en escena un ataque a tres bandas sostenido sobre los ejes del argumentario electoral de Ferraz. La desigualdad social, el aborto y el descrédito de algunos de los «primeros espadas» del PP.

Con una novedad importante, que esta vez el ataque no paró en el candidato, Miguel Arias Cañete, sino que el PSOE metió en el baile a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con una acusación dirigida a agitar de nuevo políticamente el «caso Bárcenas» y a manchar su nombre, sin pruebas, con la tinta de este escándalo. El discurrir del rifirrafe parlamentario dejó ver que la vicepresidenta fue la primera sorprendida con el dardo que le lanzó la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, desde su escaño. Esperaba el ataque a Cañete por su condición de candidato y ministro o bajo la campaña de sus actividades privadas y sus supuestas incompatibilidades no declaradas, y ese ataque se produjo. Pero no esperaba que su contrincante fuese a por ella utilizando como «balas» las «cajas B» y los supuestos sobresueldos cobrados en el PP. Rodríguez llegó a sostener ante el Pleno que los sobresueldos ascienden a más de 300.000 euros en el caso del ex ministro de Agricultura, y a cerca de 600.000 euros en el caso de Sáenz de Santamaría. «En los últimos años, a parte del sueldo de diputada y de portavoz de su grupo parlamentario cuando era», apostilló sin más explicaciones.

Y, sin dar más pruebas ni añadir más detalle, siguió con el argumentario: «¿No ha pensado usted y el resto de miembros de su partido que sin esas «cajas B», cuyo dinero es precisamente ilícito, no hubiera sido posible que ustedes se reembolsaran y metieran en sus cuentas corrientes esos sobresueldos? ¿No han pesando al menos alguna vez en reembolsarlo al menos hasta que tengan la conciencia clara de que no tienen origen ilícito? Fíjese usted si tienen que dar explicaciones». La suyas, por su parte, se limitaron a indicar que las sumas de dinero en las que sostenía su acusación habían salido publicadas en medios de comunicación. «¿Por qué no va al juzgado si tiene algo que denunciar?», preguntaron en el PP. Ante el Pleno, la vicepresidenta respondió recordándole a la portavoz socialista que estuvo cobrando la cesantía correspondiente tras el cambio de Gobierno hasta que el Gabinete de Rajoy decidió eliminarla. «Si quiere hablar de dobles sueldos, podemos recordar que usted cobró como portavoz y la cesantía hasta que la eliminó un Gobierno del PP». Así lo hizo Rodríguez hasta junio de 2012, cuando se produjo el cambio legislativo. Y ya fuera del Pleno, en una conversación informal, la vicepresidenta desahogó su profundo enfado ante el «juego sucio» de la portavoz del PSOE. Negó de manera tajante el cobro de sobresueldos en negro. «En mi puta vida he cobrado un sobre», dijo, quejándose a continuación del daño que este tipo de acusaciones hacen «a la gente honrada». Se preguntó, además, cómo puede haber recibido en su cuenta una transferencia bancaria, un ingreso declarado por el emisor y el receptor, en dinero en negro. También dijo desconocer de dónde salen las cifras aireadas por la dirigente del PSOE.

Pero Soraya Rodríguez no se conformó con sembrar sospechas sobre la vicepresidenta, sino que también fue a morder a la yugular de «cabeza de lista» del PP por haber compatibilizado la condición de candidato y de ministro y por ocultar al Congreso las relaciones de sus empresas con las administraciones públicas.Y para ello blandió un contrato de la compañía Petrologis Canarias S. L. con el cabildo de Gran Canaria por importe de 41.000 euros, publicado en el Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas el 21 de septiembre de 2011. «Mentirosos», «doble discurso», «cinismo político».... En estos términos se dirigió a la bancada popular, desde donde la vicepresidenta recordó el balance de la gestión de Arias Cañete y reivindicó las reformas que ha llevado a los últimos Consejos de Ministros. Su calendario de reformas frente a un Gobierno socialista sin agenda y en el que dibujó a sus portavoces con el recordatorio de los «insultos» que dedicaban al PP desde Moncloa. «Reserven la algarabía para sus mítines», les espetó.