El relevo en la Fiscalía deja en el aire la rebelión

El sustituto de Sánchez Melgar marcará si se mantiene la línea de acusación contra los líderes soberanistas encarcelados y huídos.

Julíán Sánchez Melgar dejará en los próximos días de estar al frente de la Fiscalía General del Estado para volver a su plaza de magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo. El cese de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno llevaba implícitamente el suyo al frente del Ministerio Público, donde ha permanecido algo menos de seis meses –lo cumpliría el próximo día siete– en sustitución del fallecido José Manuel Maza.

Durante su mandato no han existido dudas sobre cómo actuar por parte de la Fiscalía ante el principal desafío que tiene en estos momento tiene la Justicia española, todo lo relacionado con el «Procés». Así, la Fiscalía se ha mentenido firme desde un primer momento en todo lo que afecta a la acusación contra Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Romeva, y Turrull, entre otros, y no ha dudado en mantener la existencia de un delito de rebelión y de negarse en todas las ocasiones, excepto en lo que afectó a Joaquim Forn –para quien ordenó pedir su libertad por «causas humanitarias», lo que causó un malestar entre los fiscales– a que los encarcelados en este procedimiento. Los cuatro fiscales de Sala adscritos a la causa han tenido siempre la más plena libertad y apoyo por parte de Sánchez Melgar; e igual puede decirse respecto a la causa que instruye la Audiencia Nacional y donde están imputados por la jueza Carmen Lamela por un delito de sedición, entre otros el ex mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero.

Ahora, con su cese y el nombramiento de un nuevo responsable al frente de la Fiscalía se abre un período en que habrá que ver qué si mantiene esa misma línea de firmeza o si, por el contrario, se empieza a ver un tono más «complaciente» y se rebajan las acusaciones en esos procedimientos.

Y lo mismo podría decirse respecto a la causa que lleva el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, donde se investiga todo lo relacionado con el referéndum ilegal del 1 de octubre.

En todo caso, un «giro» del fiscal tampoco haría que las causas en el Supremo y en Barcelona sufrieran un cambio sustancial, ya que en ambos procedimientos está personado VOX como acción popular, con lo que el tribunal no está sometido a las limitaciones que pueda imponer la Fiscalía, como si sucedería en la causa de la Audiencia Nacional, donde la acusación sólo la ejerce el Ministerio Público.

En un principio, todos los fiscales consultados por este periódico confían en que el sustituto de Melgar mantenga el mismo criterio que hasta ahora ha defendido la Fiscalía, pero también hay quien no esconde la incertidumbre por si «ha habido algún tipo de acuerdo en este aspecto de Sánchez con el PDeCAT» para que los diputados del partido independentista catalán votaran a favor de la moción de censura.

Pero no serán sólo esas dos causas el «termómetro» del nuevo fiscal general. También tendrá mucho que decir, por ejemplo, en todo lo que afectará a las peticiones para acceder al tercer grado de los presos etarras, como paso previo a la libertad condicional. Pese a que su criterio es preceptivo pero no vinculantes, pues la decisión la adopta en última instancia el juez de vigilancia, sí que tiene un peso más que notable.

De hecho, fuentes jurídicas consideran que, una vez que ETA se ha disuelto, sus presos comenzará «en cascada» a solicitar las progresiones de grado y la concesión de ese régimen que les llevaría a la libertad condicional. Ante estas peticiones y la Fiscalía se tendrá que pronunciar.

La tercera «piedra de toque» puede venir por su relación con el Consejo Fiscal, sobre todo en la política de nombramientos. Hasta, Melgar había respetado en la práctica totalidad el criterio de la mayoría de ese órgano representativo de la Carrera, donde la Asociación de Fiscales cuenta con mayoría. Ahora, en pocos meses habrá que renovar las jefaturas de dos fiscalías tan relevantes como Madrid y Valencia y entonces se verá si el nuevo responsable de la Fiscalía avala o no la postura del Consejo.