El Supremo archiva la causa contra el senador y exdirigente del PP andaluz, José Luis Sanz

El Tribunal Supremo ha archivado la causa contra el senador del PP y actual alcalde de Tomares, José Luis Sanz -que en su día sonó como sustituto del regidor sevillano Juan Antonio Zoido-, ha archivado la causa por las supuestas irregularidades relacionadas con unos informes por los que ese consistorio sevillano pagó durante dos años (de octubre de 2007 a octubre de 2009) más de 2.000 euros al mes al actual concejal de medio ambiente Juan Campos, cuando éste no era edil.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla remitió la causa al Supremo al apreciar indicios de malversación de caudales públicos y prevaricación. En esta causa están imputados también cuatro concejales del ayuntamiento de Tomares.

La jueza sostenía en su exposición razonada, entre otros argumentos, que esos informes fueron realizados con posterioridad al periodo de contratación y que, por tanto, los pagos se realizaron "sin acreditarse la efectiva prestación de servicios".

Sin embargo, el Supremo sostiene que la conducta que se le puede atribuir al senador y alcalde de Tomares, según el propio relato de hechos de la jueza, no pueden considerarse, al menos en estos momentos, «constitutivos de ninguno de los delitos a los que aludía la magistrada».

Así, la Sala de lo Penal del Supremo sostiene que no se ha acreditado, que el alcalde "tuviera conocimiento de los informes"presentados por el concejal de medio ambiente "o de la ausencia de los mismos, ni de su contenido o de la fecha de su elaboración, pues no consta su intervención en el control de la ejecución del contrato, sino que es el concejal del área quien supuestamente realiza esa función".

En cuanto a la aprobación del acto, el alcalde, añade la resolución del Supremo, "no realiza ninguna conducta aparentemente irregular"y, además, establece una limitación económica, conforme a la legislación aplicable. Junto a ello, el Supremo destaca que José Luis Sanz no firmó en ningún momento las facturas presentadas supuestamente relativas a trabajos no realizados, "ni consta que haya tenido conocimiento de que, presuntamente, se estaban pagando facturas por trabajos inexistentes".

Por todo ello, el Supremo no aprecia indicios de delito en el senador popular y devuelve la causa a la jueza de Sevilla para que continúe con la investigación.