El Supremo no juzgará el fraude de los ERE y lo devolverá a Alaya

No tendrá tiempo de abrir juicio oral contra Chaves y Griñán antes de que se disuelvan las cámaras en octubre

El caso por el fraude los Ere, que alcanza más de 850 millones de euros, según las estimaciones realizadas durante la instrucción por los peritos, se juzgará en su totalidad en Andalucía y, más concretamente, en la Audiencia Provincial de Sevilla. Lo que se desconoce aún es si todos los que deban sentarse en el banquillo lo harán en el mismo proceso, lo que constituirá un macroproceso en toda la extensión de la palabra –hay más de 260 imputados, aunque habrá que ver finalmente aquellos contra los que se abre juicio oral– o se juzgarán por separado las tres «piezas» del procedimiento en las que ha dividido la causa la jueza María Núñez Bolaños, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y quien sustituyó a Mercedes Alaya al frente del mismo. Esta decisión de la jueza Bolaños había sido apoyada por la Fiscalía y rechazada de plano por su antecesora, quien siempre ha entendido que todo constituye una unidad y que, por tanto, el caso no puede trocearse. En todo caso, será la Audiencia de Sevilla la que decida si juzga en un único procedimiento o en varias piezas, ya que debe resolver el recurso que interpuso la Fiscalía contra la decisión de Mercedes Alaya de no «trocearlo».

Así, las responsabilidades penales por este millonario fraude serán dirimidas por la Audiencia de Sevilla en exclusiva. Y ello, por dos motivos. En primer lugar, porque no hay ya ningún imputado que ocupe escaño en el Parlamento andaluz, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha perdido la competencia. Hasta ahora, llevaba la instrucción respecto a Carmen Martínez Aguayo –quien sustituyó a José Antonio Griñán al frente de la Consejería de Hacienda– y los también ex consejeros Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio. Ninguno de ellos fue incluido por el PSOE en sus listas electorales, por lo que perdieron su condición de aforados ante el TSJ andaluz.

Y, en segundo lugar, porque el Tribunal Supremo no llegará a tiempo para poder actuar contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías y el ex consejero de Empleo José Antonio Vieira. Este último es el único que mantiene su escaño en el Congreso, condición que es la determinante para que la Sala Penal del Supremo mantenga la competencia respecto a esos cuatro imputados, pese a que Chaves, Griñán y Zarrías dejaron sus actas.

En este sentido, según señalaron a LA RAZÓN fuentes próximas al citado tribunal, es «más que improbable» que se pueda terminar toda la instrucción y decretar la apertura de juicio oral antes de que se disuelvan las Cortes, lo que se producirá 54 días antes de que se celebren las próximas elecciones generales.

Si, como parece, esos comicios se celebran a mediados de diciembre, las Cámara se tendrían que disolver la tercer semana de octubre, momento en el que todos los diputados o senadores dejarán de ser aforados en ese mismo momento.

El primer trámite para que el Supremo continúe con la instrucción de esta causa es que se conceda el correspondiente suplicatorio de Viera, decisión que debe adoptar la Comisión del Estatuto de los Diputados y que no se producirá hasta septiembre, ya que para este mes de agosto no hay fijada ninguna reunión. Sobre esta cuestión, no se puede pasar por alto que el Tribunal Supremo pidió al Congreso la concesión del citado suplicatorio el pasado 9 de julio, pese a lo cual, parece que «no hubo tiempo» por la Cámara Baja de cumplimentar lo que no es más que una formalidad. Una semanas que pueden resultar decisivas, toda vez que durante todo este tiempo el magistrado Alberto Jorge Barreiro no ha podido realizar ninguna diligencia .

Una vez que se reciba la autorización del Congreso para «proceder con todas las consecuencias» contra Viera, el instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro continuará con las diligencias. Sin embargo, y de forma paralela, hay pendientes la resolución de varios recursos contra algunas de sus decisiones, interpuestos ante la Sala por las defensas, como por ejemplo, los presentados por Griñán contra la denegación de que se citara a declarar a la ex consejera Martínez Aguayo, o el presentado contra la decisión de continuar investigándole pese a haber perdido su condición de aforado al renunciar a su escaño.

Si todas esas cuestiones quedaran resueltas –concesión de suplicatorio y resolución de todos los recursos que están pendientes– sería necesario, para que el Supremo continuase con la competencia para instruir y, en su caso, juzgar este fraude, que la investigación avanzase hasta el extremo de que el instructor continuase que ya existen suficientes indicios para sentar en el banquillo a los cuatro encausados o a algunos de ellos.

Puede haber más recursos

En ese momento, dictará el correspondiente auto de transformación en procedimiento abreviado, donde especifique contra quién o quiénes se aprecian indicios de responsabilidad penal. Esta resolución sería recurrida con toda probabilidad por los afectados, por lo que se dilataría la decisión. Si la misma se confirmase, el instructor decretaría la apertura de juicio oral contra los que considere que pueden haber incurrido en delito, que también puede ser recurrida. Éste sería el momento clave, pues si se llega a la apertura de juicio oral con las cámaras abiertas, el Supremo mantendría la competencia para enjuiciar esta causa. Si, por el contrario, se disuelven antes, pasaría nuevamente al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

En todo caso, las fuentes consultadas destacaron que en la hipótesis de que las defensas desistieran de todos los recursos, lo que es más que improbable ya que algunos sostienen que el Supremo no es competente para investigarles al no ser ya aforados, y no impugnaran tampoco la transformación de la causa en procedimiento abreviado, lo que tampoco parece verosímil, «se estaría rozando las fechas». En definitiva, todo hace indicar que los Ere volverán a su lugar de origen.

Un año perdido y una causa en la picota

La jueza Mercedes Alaya envió al Tribunal Supremo hace justo un año, en agosto de 2014, la exposición razonada de motivos que señalaba a los ex presidentes andaluces, entonces los dos aforados. El juez instructor del TS, Alberto Jorge Barreiro, se encontró con una causa ingente, cuya apertura de diligencias tiene fecha de 19 de enero de 2011. Se trata de la mayor macrocausa de corrupción destapada en Andalucía y una de las de mayor envergadura conocidas en España. Barreiro tuvo que dedicar meses de intenso estudio hasta controlar las claves de un caso complejo, con vasos comunicantes con otras tramas como la formación –el historial delictivo de Juan Lanzas es un claro ejemplo– y con una elevada frondosidad administrativa. Algunos de los abogados presentes en los interrogatorios, acostumbrados a los procesos penales, se han quejado de que parecían atender a un contencioso-administrativo. Ahora el caso vuelve a la casilla de salida. Con la incertidumbre de asistir a un final precipitado.