La Fiscalía rebaja la petición de cárcel a Correa: de 22 a 7 años

Anticorrupción pide ahora cuatro años de prisión para Costa, que admitió la «caja B» del PP valenciano.

Día agridulce para el líder de la «trama Gürtel». Minutos después de que la Fiscalía Anticorrupción rebajara ayer a un tercio su petición de 22 años de prisión para Francisco Correa en el juicio por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, hasta la sala llegaban noticias de la confirmación, por parte del Tribunal Supremo, de su condena a trece años de prisión por el «caso Fitur». Un revés judicial que abre una incógnita sobre si esa colaboración con la Justicia tendrá continuidad en venideros procesos del «caso Gürtel». Por lo pronto, su confesión y la transferencia desde Suiza de dos millones de euros para hacer frente a su supuesto fraude fiscal –cuyo ingreso se hizo efectivo durante la vista oral–, le han valido que la solicitud de condena se reduzca ahora a siete años y tres meses de cárcel. Tras 28 sesiones de juicio oral, el juicio ha quedado visto para sentencia.

Pero no ha sido el único que ha salido bien librado de las conclusiones de la fiscal Myriam Segura. La asunción de los hechos objeto de acusación por más de la mitad de los 19 procesados respecto a la financiación irregular del PP valenciano en las elecciones de 2007 y 2008 se ha plasmado también –pese a que la Fiscalía le niega cualquier atenuante– en los cuatro años y tres meses que, por delitos electorales y falsedad documental, pide Anticorrupción para el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa frente a los siete años y nueve meses de su solicitud inicial.

Para Álvaro Pérez «El Bigotes» y el «número dos» de Correa, Pablo Crespo (a los que la fiscal tampoco aplica ninguna atenuante), reclama ahora 16 años y medio y 13 años y medio, respectivamente, muy lejos de los 27 y 22 años que solicitaba al comienzo del juicio.

Mínima es, sin embargo, la rebaja para los procesados que no se sumaron a esa oleada de confesiones: seis años y medio de cárcel (tres meses menos que antes) para el ex vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla y siete años y tres meses para Cristina Ibáñez, ex gerente del PP valenciano.

Por su parte, a los nueve empresarios que, tras cerrar un pacto con la Fiscalía, confesaron haber financiado ilegalmente al PP valenciano con más de 1,2 millones de euros en las referidas campañas electorales, se les mantienen las peticiones de penas inferiores a dos años de cárcel, pero conmutables con el pago de multas.

En su informe final, el abogado del Estado destacó el «punto de inflexión» que ha supuesto esta vista oral en los tres juicios de «Gürtel» celebrados hasta ahora. Edmundo Bal subrayó que se haya producido por primera vez «un cierto reconocimiento de los hechos». «Ojalá que siga así», cruzó los dedos. Pero quiso dejar claro que «aquí el único que ha hecho algo para reparar el daño ha sido Francisco Correa».

En su intervención, la fiscal Myriam Segura puntualizó que «no basta con la confesión» para beneficiarse de la atenuante, sino que se exige «una cooperación seria y relevante aportando datos significativos para esclarecer la participación de otros individuos».

Segura calificó el entramado empresarial de Correa de «complejo delictivo» en el que existía «un evidente reparto de tareas que les hace responsables a todos de todo» y restó importancia al hecho de que el Tribunal de Cuentas no pusiese reparos a la contabilidad del PP valenciano, lo que justificó en el hecho de que desde la formación se remitiese «un todo documental» que, denunció, «falta a la verdad» y es «difícil de detectar».

condenadas.