El TC advierte por vez primera a Torra que puede delinquir

Esta misma advertencia se realiza al presidente del Parlament, Roger Torrent, y al resto de miembros de al Mesa.

El Tribunal Constitucional ha advertido hoy al presidente de la Generalitat, Quin Torra, y al resto de miembros que forman parte de su Govern, de que puede incurrir en responsabilidad penal si no acata sus prohibiciones en lo que se refiere a la suspensión de los acuerdos del Parlament sobre el “derecho a decidir”, la audotoderminación y la desobediencia civil. Esta misma advertencia se realiza al presidente del Parlament, Roger Torrent, y al resto de miembros de al Mesa.

Esta decisión la ha adoptado el Alto Tribunal en una providencia por la que se admite a trámite el incidente de ejecución de sentencia contra determinados preceptos de la Resolución del Parlament sobre la “Orientación política general del Govern”, donde la Cámara catalana volvia a insistir de manera concreta el derecho de autodeterminación como manera de acceder a la soberanía del pueblo de Cataluña

El Gobierno sostenía que esas Resolución venía a contradecir la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2015 que declaró inconstitucional la Resolución sobre “el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015”. En concreto, en la Resolución ahora suspendida se reitera el “reconocimiento del derecho inalienable del pueblo de Cataluña a la autodeterminación y la voluntad de ejercerla con plenitud”.

Además, el Gobierno estimaba que la resolución impugnada trata de fundar en el carácter soberano del Parlament de Cataluña la legitimidad de la desobediencia institucional, lo que se traduce en una declaración del Parlament por la que se apela a las instituciones a ignorar las normas.

Igualmente, del Ejecutivo destacaba en el incidente de ejecución presentado que cabe destacar la referencia que se realiza a la legitimidad de la desobediencia institucional después de que el Parlament afirme su rechazo a las imposiciones antidemocráticas de las instituciones del Estado español y, en especial, de su Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, pues supone un llamamiento a las distintas instituciones catalanas, incluido el Govern, a que no obedezcan las sentencias que se puedan dictar en las próximas fechas