El TC ha tumbado a Mas un decreto soberanista cada mes y medio

Los sucesivos desafíos independentistas de Artur Mas se han topado en los últimos dos años y medio con la firmeza del Tribunal Constitucional, que ha ido «tumbando» uno tras otro todos sus desplantes al Estado de Derecho

Los órdagos independentistas lanzados por el todavía presidente de la Generalitat de Calaluña, Artur Mas, en busca de una «Republicana Catalana», comenzaron de forma más intensa en enero de 2013. Desde entonces ha intentado sacar adelante leyes o proyectos encaminados a ese objetivo, que tuvieron como culmen el intento de referéndum del pasado 9 de noviembre, consulta que se llevó a cabo pese a la terminante prohibición por parte del Tribunal Constitucional y que le ha costado una querella, junto a la ex vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, por un delito de desobediencia. Todos ellos, tal como adelantó LA RAZÓN el pasado viernes, no serán citados a declarar por el instructor del TSJ de Cataluña hasta pasados los comicios del próximo 27 de septiembre, para no «interferir» en la campaña electoral.

Esos sucesivos intentos de poner en jaque al Estado por parte de Mas y su equipo se han encontrado siempre con dos respuestas: las impugnaciones inmediatas por parte del Gobierno de la Nación y el «freno» del Tribunal Constitucional, que, o bien ha suspendido en cuestión de días esos actos o los ha declarado inconstitucionales cuando ha resuelto ya en sentencia. El primero de esos ataques se produjo el 23 de enero de 2013. Ese día, el Pleno del Parlamento catalán, con los votos de CiU, CUP Y ERC, aprobaba una declaración independentista en la que se proclamaba al pueblo catalán como «sujeto político y jurídico soberano» y reclamaba la celebración de una consulta para decidir su futuro político. El 13 de marzo, el Parlament aprobó, con el aval de CiU, ERC, ICV-EUiA y PSC una resolución en la que se instaba al Gobierno de la Generalitat a «iniciar un diálogo» con el Ejecutivo central para celebrar un consulta de autodeterminación. Este segundo acuerdo, según la respuesta del Parlament al TC, no invalidaba en ningún caso el primero.

Por ello, la decisión del Alto Tribunal al recurso contra la declaración independentista del Parlamento catalán afectaba de lleno al segundo de esos acuerdos. El 25 de marzo de 2014, el TC anulaba esa declaración por vulnerar los artículos 1.2 y 2 de la Constitución, así como otros dos preceptos del propio Estatuto de Autonomía. La resolución del TC no dejaba lugar a dudas de interpretación: «En el marco de la Constitución, una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España» y que la Constitución «atribuye con carácter exclusivo la titularidad de la soberanía nacional del pueblo español», por lo que rechazaba de forma tajante que el pueblo catalán pueda considerarse «sujeto político soberano».

Sin embargo, ese primer varapalo a los intentos independentistas no mermó lo más mínimo las ansias de Mas de continuar aprobando normas que tenían como fin principal ir configurando las estructuras claves de un estado independiente. De esta forma, entre el último trimestre del pasado año y el primer semestre del actual, el Tribunal Constitucional ha frenado en seco seis normas o leyes de especial relevancia para el objetivo del presidente de la Generalitat.

29 de septiembre de 2014

Suspesión de la Ley de Consultas y convocatoria del 9-N

El TC admitía a trámite los recursos del Gobierno contra la Ley Catalana de Consultas y contra la convocatoria del 9-N y acordaba la suspensión de ambas. La Ley del Parlamento catalán de consultas populares no refrendarias y de otras formas de participación ciudadana fue aprobada el 26 de septiembre y un día después Mas firmaba el decreto.

4 de noviembre de 2014

Suspensión de actos dirigidos a preparar el «proceso de participación» del 9-N

El pleno del Constitucional admitía a trámite por unanimidad el escrito de impugnación del Gobierno y suspendía los actos dirigidos a preparar el «proceso de participación» del 9-N, es decir, las actuaciones de la Generalitat relativas a la convocatoria de un «proceso de participación ciudadana» el pasado 9 de noviembre.

25 de febrero de 2015

Sentencia que declara inconstitucional las consultas «generales» y el decreto para convocar el 9-N

El Pleno del Tribunal Constitucional declaraba por unanimidad la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana, por entender que, bajo esa denominación, lo que realmente se regula son los referendos, cuya competencia corresponde en exclusiva al Estado. Asimismo, y también por unanimidad, el TC, en una segunda sentencia, declaraba inconstitucional y, en consecuencia, nulo, el decreto del presidente de la Generalitat de Cataluña 129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña.

6 de marzo de 2015

Sentencia que anula preceptos claves del Síndic de Greuges

El TC estimó parcialmente el recurso del Defensor del Pueblo contra la Ley del Parlamento catalán que regula la figura del Síndic de Greuges. La decisión unánime del TC concluía que se le atribuían competencia en materia de relaciones internacionales que la Constitución atribuye de forma exclusiva al Estado. La ley catalana atribuía al Síndic, entre otras competencias, la condición de Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura y de otros tratos o penas crueles ante la ONU.

15 de abril de 2015

Suspensión de la Ley de Acción Exterior de Cataluña. Pendiente de sentencia

Ese día, el TC admitía a trámite el recurso del Gobierno contra la Ley de Cataluña aprobada el 4 de diciembre de2014, de Acción Exterior de Cataluña. Esa ley recogía las relaciones de Cataluña con la UE, que Artur Mas definió como un paso más en las «estructura de Estado» de esa comunidad, y, a la vez, regulaba todo lo relacionado con la diplomacia catalana y la representación exterior.

11 de junio de 2015.

Sentencia que declara inconstitucional las actuaciones de la Generalitat dirigidas a preparar el 9-N

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, declaraba inconstitucionales las actuaciones de la Generalitat de Cataluña relacionadas con la preparación del llamado «proceso de participación ciudadana» del 9 de noviembre de 2014, «en cuanto viciadas de incompetencia, por no corresponder a la comunidad autónoma la convocatoria de consultas que versan sobre cuestiones que afectan al orden constituido y al fundamento del orden constitucional».

8 de julio de 2015.

Suspensión de la Comisión para la Transición Nacional de Cataluña. Pendiente de sentencia

El Alto tribunal suspendía temporalmente la constitución y puesta en marcha de la denominada Comisión para la Transición Nacional de Cataluña, considerada un elemento clave para preparar la «estructura de Estado» de cara a las elecciones del 27 de septiembre.