Escraches: «Coacción totalmente indebida»

MADRID- «Detrás de los escraches encontramos el mensaje "si no quieres que te pase a ti, no actúes así"y realmente eso es una forma de coacción», «es una coacción totalmente indebida que no debe permitirse» o «no pueden entrometerse en el ámbito de la vida privada, aunque sean políticos». Éstas son algunas de las consideraciones que realizan destacados juristas consultados por LA RAZÓN sobre los escraches que sufren algunos políticos, por parte, principalmente, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Así, José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, señaló que todos los poderes públicos deben tomar medidas para intentar solucionar el problema de los desahucios, al igual que los jueces suspenden las ejecuciones para examimar si existieron o no cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios. Sin embargo, ello no justifica en ningún caso los escraches porque, afirma al respecto, la solución a ese problema «no puede ser por un método coactivo» como es la concentración ante domicilios particulares.

Por su parte, Vicente Rouco, presidente del TSJ de Castilla-La Mancha, no tiene dudas de que los escraches suponen una intromisión «en los derechos a la intimidad, invioabilidad del domicilio, libertad personal y del derecho al ejercicio de una función pública».

Así, afirma que esas reuniones en lugares próximos a domicilios particulares de cargos públicos «no son lícitas y constituyen una injerencia» en los derechos fundamentales citados anteriormente. «No entro en si son delito o no, pero sí en que no son lícitos –los escraches– ni están admitidos por el ordenamiento jurídico», afirmó al respecto.

Desde el Consejo General del Poder Judicial, su vocal Margarita Robles se mostró igualmente contrario a ese tipo de acciones, y, además, no duda en considerar que los escraches no constituyen «una expresión del derecho de manifestación», porque, añade, no es un derecho ilimitado y está sometido a una regulación legal a la que hay que someterse, como es la de pedir la correspondiente autorización.

Pero, junto a ello, esta vocal del órgano gubernativo de los jueces y magistrados destaca sobre esta cuestión que quienes participan en esos escraches «tampoco se pueden entrometer en el ámbito de la vida privada, aunque sean políticos».

También se muestra más que crítico con estas manifestaciones ante las puertas de viviendas particulares el juez decano de Orense, Antonio Piña, para quien, detrás de esas acciones está el mensaje de «si no quieres que te pase a ti, no actúes así», lo que constituye una auténtica coacción.

Además, recuerda que las coacciones o amenazas no revisten una exclusiva forma verbal: «No es necesario su verbalización para que ésta se produzca y la violencia no tiene tampoco por qué expresarse en un vis físico, sino que basta la mera intimidación o fuerza moral». Por ello, concluye, esas concentraciones traspasan el ámbito de la protesta pública «para incidir en el ámbito de intimidad, y lo hacen buscando como objetivo lograr esa incidencia sobre la familia, hijos o vecinos para, de ese modo, lograr un cambio en la conducta de quien se ve sometido al escrache».