ETA pide la impunidad para que puedan volver sus clandestinos

La Policía y la Guardia Civil no han recibido orden de bajar la presión contra la banda.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado, con la colaboración internacional, van a continuar con las operaciones en curso destinadas a localizar y detener a los etarras que permanecen en la clandestinidad, entre ellos a su máximo cabecilla David Urdin.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas, la banda no ha anunciado que, tras su posible disolución, estos individuos vayan a entregarse a la Justicia. Todo lo contrario, el tono retador del comunicado y la nota explicativa hechos públicos el viernes parecen indicar todo lo contrario. «Es como si quisieran hacer ver que aún tienen capacidad para hacer daño», agregan.

La impunidad que la banda pretende para estos individuos no se va a conceder, por lo que sólo resta continuar con su búsqueda y detención a cargo de los agentes españoles en colaboración con las policías de los países correspondientes.

En Francia, en labores de «mantenimiento», por aquello de contar una presencia de la organización criminal y en labores logísticas, se cree que hay entre 10 y 20 etarras, al frente de los cuales se encuentra el citado Urdin. En otras zonas, en especial en Iberoamérica, hay otros 80, algunos ya con la vida consolidad familiarmente, y otros que están deseando volver al País Vasco o Navarra. Sobre muchos pesan requisitorias al no haber prescrito los delitos que cometieron.

David Urdin Pérez es un huido de la Justicia al que se imputan diversos delitos de «kale borroka» y condenas por hacer apología de los presos. Es un individuo de poca monta, sin preparación «política», al que se considera incapaz de escribir un comunicado. Eso lo hacen en España los miembros del «aparato político» que se mueve en la legalidad.

Tal y como adelantó LA RAZÓN, una de sus misiones, junto con los otros clandestinos a sus órdenes, es la de «limpiar» las armas que aún guarda la banda y que fueron utilizadas para cometer atentados en España. Más de 300 acciones criminales están aún sin esclarecer. Son parte (porque hay otras en manos de la «disidencia» etarra) de las que no fueron entregadas en abril del año pasado en la «performance» montada en Bayona para escenificar el «desarme total».

El asunto de las armas no es baladí y en el comunicado y nota del viernes algunos expertos, incluida la Ertzaintza, han creído ver una velada amenaza de vuelta al terrorismo si no se les da lo que quiere. ETA dice que ya no lo hará, pero su palabra vale muy poco. Además, queda esa «disidencia» cuyo control no se ha podido determinar.

Las funciones de este entramado son también la de mantener el «sello» de la banda, la constancia de que existe una cosa que se llama ETA pero que ha sido derrotada operativamente por las Fuerzas de Seguridad del Estado españolas en estrecha colaboración con las francesas. Hasta el punto de que, tal y como adelantó LA RAZÓN, ha trasladado al País Vasco y Navarra su «aparato político», que actúa amparado en coberturas legales y que se dedica, además de a asuntos doctrinarios, al control del «Colectivo de Presos», el EPPK, y la redacción de los comunicados. En la práctica es el que lleva la dirección de la organización criminal, ya que los demás «aparatos», incluidos los que están en Francia, obedecen sus consignas.

Las funciones de Urdin, un sujeto sin madera de líder pero bastante peligroso, auténtico especialista en la confección de artefactos para la «kale borroka» (terrorismo callejero) y los que le acompañan no se limitan al asunto de las armas que no están «limpias», ya que han sido utilizadas en atentados. Mantienen un pequeño «aparato de falsificación» para confeccionar documentos para los «huidos», que se esconden en diversos países de Europa e Iberoamérica y que no están dispuestos a entregarse.