Ex altos cargos de la Junta y empresarios, en la nueva fase de la «operación Edu»

La Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ) del Cuerpo Nacional de Policía tiene muy avanzada la fase final de la «operación Edu», sobre el fraude en Andalucía del dinero destinado a los cursos de formación, en el que se van a producir, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del caso, importantes detenciones.

Los investigadores llevan mucho tiempo trabajando en este caso y lo han hecho con una estrategia piramidal. Primero, se arrestó o interrogó a los destinatarios últimos del dinero de los cursos, como alumnos, profesores y funcionarios de «base».

Gracias a las informaciones obtenidas, algunas de ellas auténticamente escandalosas, se pudo ir «subiendo» por la pirámide y se produjeron arrestos y detenciones a distintos niveles.

No perder pistas

En algunos casos, dada la urgencia del asunto, hubo que saltar algunos escalones para evitar que se pudieran perder pistas o que se pudiera continuar con la actuación delictiva.

En la nueva fase, que se iniciará en breve, los detenidos van a ser empresarios, algunos de renombre, y funcionarios de alto rango con responsabilidad en las concesiones de las ayudas en la época en que se produjo el presunto fraude. Asimismo, según las citadas fuentes, y lo que puede tener más relevancia a nivel político, algunos de los integrantes de los equipos directivos de la Junta de Andalucía, tanto a nivel provincial como autonómico, a los que se imputan responsabilidades directas en el presunto fraude.

Sistema piramidal

El sistema piramidal adoptado por la CGPJ y la centralización de las actuaciones judiciales en cada provincia andaluza se ha demostrado más efectivo que realizar «macrooperaciones» que ofrecen durante unos días grandes titulares de prensa.

A la postre, configuran unas diligencias que, por su magnitud, han de tramitarse con la lógica lentitud, dada la condición garantista de nuestro sistema judicial.

Los responsables de la investigación, pese al escaso avance de las pesquisas, prefirieron asentar bien las bases de la pirámide con la certeza, como están seguros que ocurrirá, de que al final llegarían a la cúpula, en la que están los responsables últimos de esta gigantesca trama fraudulenta.

Según las distintas fuentes que se consulten, la cantidad de lo defraudado está entre los 2.000 y los 3.000 millones de euros.

Además, los agentes han contado en los últimos tiempos con un importante respaldo documental y administrativo que sustentaba sus sospechas: el reconocimiento que la Hacienda Pública andaluza realizó en el sentido de que se han podido producir irregularidades, fraudes en una palabra, en los fondos para los cursos de formación.

Los investigadores, en las distintas fases de la «operación Edu», han elaborado expedientes en los que iban incluidas las declaraciones de alumnos, profesores y empresarios, así como otras evidencias que implican a determinadas personas o entidades en el supuesto fraude.

De esta manera, la autoridad judicial ha dispuesto en todo momento de los datos concretos por los que cada individuo ha sido detenido por la Policía.

Irregularidades

Una de las irregularidades más comunes entre las detectadas es la falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se les concedieron los fondos. Asimismo, el supuesto incumplimiento en la contratación del 60 por ciento de alumnos o posibles irregularidades en los partes de asistencia.

Los agentes también determinaron que pudo haber falta de control a la hora de conceder los fondos por parte de la Junta y en la justificación posterior de los programas formativos.

La investigación policial apreció casos de facturas falsas con las que empresas justificaban gastos no realizados y falsificaciones en los partes de asistencia.

Tal y como adelantó LA RAZÓN, uno de los casos más escandalosos, por la inhumanidad que conlleva, es el de recibir dinero para organizar supuestos cursos cuyo fin era aprender a poner la redecilla a las señoras después de colocarles los rulos en el pelo.

Los «alumnos» que se seleccionaban para dicho curso eran personas con algún tipo de discapacidad, que de alguna manera se han visto envueltos, por supuesto, contra su voluntad, en este turbio asunto.

Otro de los casos detectados, junto con el de falsos alumnos que prestaban su nombre para que se pudieran solicitar las subvenciones, es el de «profesores» que, una vez recibido el dinero por la empresa que presuntamente les había contratado, cobraban el 50 por ciento de lo estipulado y desaparecían por el mismo camino por el que habían llegado.

El presunto fraude cometido es de tal magnitud que la Policía, con un trabajo en el que ha empleado muchísimas horas, ha tenido que examinar miles de documentos y tomar declaración, como testigos o con la condición de detenidos, a centenares de personas.

La llegada a la «cúpula de la pirámide» va a permitir, por los cauces establecidos, ajenos al mundo judicial y de las Fuerzas de Seguridad, establecer las correspondientes responsabilidades políticas, porque es mucho el dinero defraudado.

Las claves

- Investigación. Han sido examinados miles de documentos y se ha tomado declaración a centenares de testigos y detenidos.

- Indicios. Las primeras pistas las ofrecieron con sus testimonios los trabajadores a los que no se dieron los cursos.