Fitch amenaza con bajar a bono basura la calificación de Cataluña

Por más que Artur Mas trate de vender la idea de que una Cataluña independiente podría llegar a ser como Austria o Suecia, países pequeños pero con elevados niveles de vida, la realidad es que las cuentas de la región son las que son. Y, en este momento, no son buenas y la huida hacia adelante independentista de Artur Mas las está empeorando. Lo volvió a recordar ayer Fitch. La agencia de calificación de riesgos anunció en un comunicado que ha puesto bajo vigilancia negativa la nota de la deuda catalana para un posible recorte de la misma por las tensiones surgidas a raíz de la convocatoria del referéndum del próximo 9 de noviembre. En este momento, la nota está en «BBB-», sólo un escalón por encima del conocido como «bono basura». Fitch volvió a poner de manifiesto que la dependencia económica de Cataluña con respecto al Estado en este momento es más que evidente.

La agencia Fitch cree que la comunidad «requerirá fondos adicionales del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en 2015 debido a las dificultades que tiene para acceder a los mercados internacionales de capital». La agencia asegura que es muy improbable que los inversores internacionales compren bonos de Cataluña debido a la «incertidumbre política» que rodea a la comunidad autónoma. En este sentido, recuerda «las crecientes tensiones entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico tras la decisión unilateral de este último a una consulta no vinculante sobre el futuro de la región».

La agencia de calificación crediticia prevé resolver el rating entre los próximos tres y seis meses a la espera de cómo evolucione el proceso soberanista y la relación Cataluña-Estado, y avanza un posible recorte para Cataluña de, al menos, dos escalones, lo que otorgaría directamente a la región la condición de «bono basura» y le cerraría directamente cualquier mínima posibilidad de financiarse en los mercados internacionales. Cataluña tiene en estos momentos una deuda que ronda los 60.000 millones de euros. Su principal acreedor es el Estado con 30.000.