Funcionarios bajo coerción: del 9-N a la protesta del 6-F

La Generalitat ha pedido a los trabajadores coger el día de asuntos propios y apoyar a Mas.

La intersindical-CSC (una organización de trabajadores afín a la izquierda independentista) acostumbra a recordar un dato que se desprende de las encuestas del Centro de Estudios y Opinión (CEO) del Govern –el CIS catalán– y es que la mayoría de los funcionarios de la Generalitat está a favor de la independencia: un 51,8 por ciento votaría a favor de ella en un eventual referéndum, mientras que un 40,5 por ciento la rechazaría. Consciente de este dato, el Govern, a través de la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, no ha dudado en animar durante las últimas semanas a los trabajadores públicos a pedir hoy un día de «asuntos propios» para poder acudir a las movilización soberanista organizada a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde, a primera hora de esta mañana, comienza el juicio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por su papel en la consulta del 9-N de 2014.

Los partidos de la oposición contemplaron con estupefacción esta incitación de Borràs y expresaron su temor de que los trabajadores públicos de la Generalitat puedan sufrir la «coacción» o la «coerción» de cargos intermedios de la Administración catalana. Los sindicatos mayoritarios de la función pública aseguran que no han recibido presiones directas para sumarse a los actos de las entidades soberanistas. Hay que recordar en este punto que tanto la UGT como CC OO respaldan la movilización de hoy.

Lo cierto es que el Govern no ha ofrecido ningún dato sobre el seguimiento de los funcionarios en la manifestación que lleva por lema «6-F: nos juzgan a todos». De hecho, la administración subraya que no existe un mecanismo para listar a los trabajadores públicos que piden un día de asuntos propios, ya que es una información fraccionada que está en manos de los diferentes entes públicos y de las consellerias.

La instrumentalización de los trabajadores de la Generalitat para dar impulso al proceso soberanista es objeto de suspicacias desde la consulta del 9-N. Durante los preparativos de esta votación, responsables del departamento Enseñanza pidieron colaboración a los directores de centros escolares, lo que motivó una serie de reuniones y de correos electrónicos para trasladar instrucciones. La directora del IES Pedraforca (L’Hospitalet de Llobregat), Dolores Agenjo, se negó dar las llaves de su instituto e hizo acopio de varios correos para trasladarlos a la Justicia, ya que sufrió «presiones» para poner el centro académico al servicio del 9-N.

Según Agenjo, la directora territorial de Enseñanza en Barcelona, Montse Llobet, la presionó el 7 de noviembre para que entregara las llaves con el argumento de que el edificio era propiedad de la Generalitat, aunque se negó a ordenárselo por escrito como ella pedía. Dolores Asenjo también aseguró por entonces que, tras el 9-N, recibió «felicitaciones» por su negativa y también «amenazas con nombres y apellidos» de personas que no conoce, pero que no quiso denunciar.

La Generalitat de Cataluña cuenta aproximadamente con unos 200.000 trabajadores públicos, una bolsa muy valiosa para buscar participantes en un acto como el de hoy, llamado a ser multitudinario.