Gallardón: «No habrá indultos para ningún condenado por terrorismo»

En la segunda parte de su entrevista, el ministro de Justicia asegura que «el Gobierno no tiene ningún diálogo con ETA ni con ninguno de sus satélites políticos. Seguimos una política antiterrorista propia»

Alberto Ruiz-Gallardón
Alberto Ruiz-Gallardón

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, avisa a la banda terrorista ETA de que no habrá ningún tipo de medida de gracia y que no se modificará la política antiterrorista del Gobierno. Tampoco ve razones de Justicia o equidad para indultar a aquellos que han «distraído dinero» para su aprovechamiento. Sobre el órdago soberanista impulsado por Artur Mas, considera que éste pasará como el dirigente político que engañó a los catalanes para salvar a su formación política del «hundimiento» electoral. Tampoco duda cuando afirma que el PP ganará las próximas elecciones europeas del mes de mayo.

–Si hubiese que buscar un «culpable» por las excarcelaciones tras la sentencia de la «Parot», ¿dónde habría que hacerlo?

–Le diré dónde no hay que buscarlo: en los jueces. Los jueces no son los culpables, a los que no se les puede pedir que hagan cosas distintas de aquello que marca la ley. Por tanto, si queremos buscar un reproche en las excarcelaciones de presos como consecuencia de la «doctrina Parot», llevémoslo a quienes podían haberlo evitado y no lo hizo. Es decir, el Parlamento que hasta 1985 mantuvo vigente un Código Penal que permitía las redenciones de penas a los condenados. Tanto la Audiencia Nacional, para el caso de etarras, como las audiencias provinciales, para los presos comunes, lo que han hecho ha sido aplicar las leyes y la sentencia de un tribunal que les vincula, la del Tribunal de Estrasburgo.

–¿Y sobre las opiniones de que esa sentencia afectada sólo a la etarra Inés del Río?

–Hay una sentencia del Tribunal Constitucional (conocida como «caso Bultó») que establece claramente que en las materias que afecta a la privación de derechos, muy especialmente la privación de libertad, la doctrina que establezca las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es de aplicación obligatoria. Incumplirla significaría no acatar la doctrina de nuestro propio Tribunal Constitucional.

–¿Existe alguna especie de «hoja de ruta» con ETA o su entorno?

–Eso es falso. El Gobierno, en primer lugar, no tiene ningún diálogo con ETA, ni con la banda ni con ninguno de sus satélites políticos; en segundo lugar, seguimos una política antiterrorista propia, con conocimiento de lo que hicieron los gobiernos anteriores, pero con un criterio absolutamente propio, nacido de nuestra decisión política. Y garantizo a todos los ciudadanos que ésa va a ser la política que vamos a continuar durante toda la legislatura y que no habrá ninguna medida de gracia para ningún condenado por terrorismo con este Gobierno, ni ninguna modificación de los criterios de la lucha antiterrorista.

–En otro orden de cosas, ¿es la corrupción uno de los principales problemas que existe en España?

–Sin duda alguna. Al margen de los volúmenes, y no seré yo quien caiga en la trampa de comparar nuestros índices de corrupción con los de los países de nuestro entorno, basta con que la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción sea la que es, para que todos los políticos, pero muy especialmente los que gobernamos, estemos obligados a adoptar todas las medidas para que deje de ser una preocupación ciudadana. El Gobierno ha puesto en marcha toda una serie de proyectos que van a ser extraordinariamente eficaces para luchar contra la corrupción, y le diré que cuando el Código Penal salga del Congreso de los Diputados, será el texto más exigente con cualquier administrador de fondos públicos que haya en toda la Unión Europea.

–Existe una clara percepción de corrupción en los partidos políticos. ¿Cómo se puede luchar contra ella?

–Con transparencia. Lo que es fundamental es que no existan espacios de opacidad. No es tanto un problema de quién hace una donación a un partido, sino que los ciudadanos sepan quién la ha hecho y estén absolutamente convencidos de que no existe ninguna aportación condicional a un partido político por algo que haya hecho o por algo que vaya a hacer si alcanza responsabilidades de Gobierno.

–¿Usted cree que la sociedad española entendería que se indultase a condenados por delitos de corrupción?

–El indulto es discrecional por parte del Ejecutivo, pero la Ley establece que debe fundamentarse en razones de justicia, equidad e interés público. A mí, como ministro, me cuesta muchísimo apreciar que puedan existir esas razones para indultar una pena por un delito de aprovechamiento en beneficio propio de un cargo político. El límite para la aplicación de esos principios de equidad, justicia e interés público está en saber si el cargo político, funcionario o particular se ha beneficiado o no de la acción ilegal. Y en mi opinión, cuando ha habido beneficios, se ha distraído dinero para aprovechamiento de una persona, me parece que no se dan las circunstancias de equidad merecedora de una medida de gracia como es el indulto.

–Como dirigente del PP, no como ministro. ¿Pondría la mano en el fuego en lo relativo a la inexistencia de una contabilidad B del partido?

–Tengo una absoluta confianza en el Poder Judicial. Hay un sumario abierto que se tramita en la Audiencia Nacional y estoy convencido de que la conclusión final de la misma revelará la verdad sobre las cuentas del PP.

–Y esa verdad, ¿cuál es?

–La que establezca la resolución judicial última. Eso es lo que tiene que hacer cualquier gobernante y muy especialmente el ministro de Justicia. No nos corresponde a nosotros, una vez abierta la investigación judicial, hacer cosa distinta más que colaborar con la Justicia. De lo que estoy convencido es de que con la actitud de colaboración que, en todo momento, está manteniendo el PP, la verdad se establecerá judicialmente.

¿Qué piensa de todo lo relacionado con el órdago soberanista en Cataluña?

–En Cataluña se está produciendo un fenómeno que históricamente es novedoso, y es que la izquierda se ha apropiado de los postulados soberanistas que históricamente estaban más situados en partidos de derecha, como es el caso de CiU. Muchas de las decisiones que está adoptando Artur Mas sólo se explican desde un análisis táctico, cortoplacista, al intentar evitar que CiU pierda las próximas elecciones autonómicas. Esto es de una extrema gravedad, porque para salvar los intereses electorales de un partido se está jugando no solamente con los derechos fundamentales de todos los españoles, sino también con el sentimiento de los catalanes. Mas ha hecho una propuesta que sabe que es de imposible cumplimiento.

–La independencia de Cataluña sería...

–El mayor castigo que para la futura generación de catalanes hiciera una clase política cuya única pretensión es aumentar su poder político, y, por tanto, no ocurrirá.

–¿Hay riesgo de que se rompa la unidad de España?

–Los españoles tienen que estar tranquilos porque su unidad, que es el fundamento de su nación, está garantizada. Acabar con la unidad de España no es disminuir España, sino disolver la nación. España no sería España sin Cataluña, y por lo tanto, aquellos que pretenden segregar a Cataluña lo que están pretendiendo es acabar con la nación española y le aseguro que tal cosa es imposible.

–Le pregunto ahora como dirigente del PP. ¿Qué perspectiva tiene su partido para las próximas elecciones europeas, el próximo mes de mayo?

–Creo que el PP seguirá siendo el partido mayoritario en esas elecciones. Por lo tanto, ganaremos esas elecciones. Y creo también que en los comicios generales del año 2015 recogerá apoyos, que surgirán de la constatación de la recuperación económica y de la eficacia de las medidas y sacrificios que ha pedido este Gobierno, en un nivel todavía superior al que se va a producir en el mes de mayo de 2014. Estoy convencido de que el PP será el partido mayoritario preferido por los ciudadanos españoles.

–¿Es partidario de modificar la Constitución para suprimir la prevalencia del varón sobre la mujer?

–Si me lo pregunta en abstracto, le contesto que sin duda, por supuesto que lo soy. Pero si me hace la pregunta en este momento político concreto, le digo que modificar la Constitución exige un consenso semejante al que tuvimos en 1978, y, por lo tanto, si algún día se alcanza ese consenso, que no es sólo de las fuerzas políticas sino de la sociedad en general, debería reformarse ese aspecto, y, probablemente, también otros. Pero mientras no exista ese consenso no deberíamos abordar un incierto proceso de reforma constitucional que nadie sabe dónde va a ir.

–¿Debería abordarse lo relativo al aforamiento del Príncipe heredero, que actualmente no existe?

–Sí lo creo. Hay determinadas situaciones que no fueron previstas en la Constitución y que requieren reformas de carácter legislativa.

–¿Entre esas se encontraría el aforamiento de Don Felipe?

-Creo que hay que abordase con serenidad y sin que nadie puede pensar que se vincula a situaciones coyunturales, una regulación de determinados aspectos que afectan no sólo al Príncipe Heredero, sino a la Corona. Pero eso, insisto, no debe ser respuesta a situaciones excepcionales, sino que debe abordarse con una proyección, perspectiva de futuro en el momento en que se considere apropiado.

–¿Qué papel juega la Monarquía en España en estos momentos?

–El que históricamente ha jugado siempre en España, es decir, determinante. La Monarquía simboliza las dos unidades esenciales de la unidad española: una, la unidad territorial en un nación diversa como la nuestra, la nación más antigua de Europa pero con una riquísima personalidad propia de sus territorios y que ven en la Corona un elemento de unidad. Y la segunda unidad, tan importante como la anterior es, utilizando un pensamiento ortegiano, las unidades generacionales. España es una realidad preexistente a la Constitución y ésta no constituye a España. La Corona lo que hace es recordarnos no solamente nuestra historia pasada, sino nuestras obligaciones futuras. Y, por lo tanto, la limitación de cualquier dirigente responsable debe tener a la hora de abordar decisiones a quienes en el futuro serán los titulares de la soberanía, es decir, las futuras generaciones españolas. Nada como la Corona identifica esos dos elementos de unidad y cohesión: la territorial y la histórica, que enlaza a través del presente, del pasado, con el futuro.

–La Abogacía del Estado y la Fiscalía sostiene que no existe trato de favor alguno hacia la Infanta Doña Cristina por el llamado «caso Nóos». ¿Qué le diría a los que piensan lo contrario?

–Rotundamente no hay ese trato de favor. Es verdad que la Abogacía del Estado tiene un criterio de dependencia jerárquica del Ministerio de Justicia, pero le puedo asegurar que sus conclusiones no son consecuencias de ninguna instrucción del ministro, sino de un análisis estrictamente jurídico. Pero, además, la Fiscalía tiene una autonomía reconocida por la Constitución y por su Estatuto y es a quien corresponde promover la acción pública en defensa de la legalidad, ha entendido con reiteración que no existe materia de reproche penal. Todos los ciudadanos deben saber que lo ha hecho desde su autonomía y ajustada estrictamente al principio de legalidad, porque además no podría haberse dado ningún tipo de instrucción por parte del ministerio. Cualquier instrucción que el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, dé a la Fiscalía está sometida al principio de transparencia, no puede tener jamás parte reservada y tiene que ser pública.

–No hay, por tanto, ningún trato de favor.

–Ninguno.