Geografía del radicalismo en España

De puertas para adentro la Península Ibérica es, por ahora, un remanso de paz con una excepción: Cataluña

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) intenta, por su parte, averiguar dónde pueden surgir focos extremistas. Este organismo, que depende de Interior, lleva años elaborando un detallado mapa confidencial de España con el nivel de riesgo de radicalización yihadista por secciones censales, una demarcación diseñada con otros fines por el Instituto Nacional de Estadística. Son unas 37.000 las secciones censales que hay en España y su número de habitantes no suele rebasar los 1.500.

Para evaluar la amenaza en cada una de ellas, Interior introduce en una coctelera algorítmica información pública (número de inmigrantes y mezquitas, nacionalidades, edades, detenciones practicadas, datos socioeconómicos, incidentes islamófobos) y otra más reservada (valoración del sermón del imán, corrientes islámicas del lugar, informes de inteligencia). El resultado que arroja guarda una cierta relación con la distribución de la población musulmana por la geografía española, pero no coincide plenamente.

Por razones técnicas además –el bajo número de secciones censales–, este sistema proporciona un resultado distorsionado para las dos ciudades autónomas que el ministerio no considera válido, aunque sí revela que Melilla está más en peligro que Ceuta. El mapa sí sirve, en cambio, para identificar en la Península y en los archipiélagos a los colectivos en riesgo de caer en la radicalización y tratar de moderarles.

La radicalización en España tiene «un claro sesgo geográfico hacia la costa mediterránea», señalan los expertos de la lucha antiterrorista en el análisis que acompañaba al mapa a finales de 2015. Todas las provincias mediterráneas –también Baleares– aparecen en rojo en la carta del CITCO, excepto Castellón y Granada, porque en ellas hay un gran número de gérmenes extremistas.

Por comunidades «[...] Cataluña es la más significada en cuanto al número de secciones censales en riesgo» de radicalización. Allí se concentra el 29 por ciento del riesgo del conjunto de España. Por provincias, Barcelona, que aparece en rojo vivo en el mapa, es líder con el 18 por ciento y 6.168 puntos de radicalización. Las otras dos provincias costeras catalanas (Tarragona y Gerona) se sitúan por encima de cualquier provincia andaluza.

Aunque formalmente se coloca en un tercer lugar, detrás de Cataluña y Madrid, Murcia, que también figura en rojo vivo, es en la práctica segunda por su «conflictividad social» y «riesgo de radicalización», con sus 2.789 puntos, advierten los analistas de la lucha antiterrorista. Ninguna provincia andaluza llama la atención de los autores del informe excepto Almería, «que se debe tener en consideración», porque su índice es alto (1.157 puntos) –está a la cabeza de Andalucía junto con Málaga– en relación a su población.

En el polo opuesto, los lugares menos conflictivos son aquellos donde menos musulmanes hay, como Galicia, Cantabria, Badajoz, Zamora, Salamanca, Palencia, etcétera. Orense es la provincia con el índice más bajo. «Por muy rojo que esté casi todo el arco mediterráneo español en el mapa del CITCO, la comparación con documentos similares de otros países europeos sigue siendo favorable a España», comenta una fuente policial española que asiste a reuniones de Europol. Desde el 11-M los terroristas no han logrado golpear en España, aunque sí consiguieron acabar con la vida de dos policías en un ataque contra la Embajada española en Kabul en diciembre de 2015. Los expertos –policías, analistas de inteligencia, académicos– que estudian el fenómeno atribuyen ante todo la escasez de brotes terroristas a una combinación de factores entre los que destaca el tipo de inmigración que acoge España: de primera generación.

Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de Mariano Rajoy, comparte este análisis, pero añade otro elemento, mérito de las autoridades españolas y del conjunto de la sociedad. «Es mejor la calidad de la integración aquí que en otros países europeos», asegura en una conversación con el autor. «Tenemos guetos, pero menos; tenemos exclusión social, pero menos», añade.

La inmunidad de España ante la epidemia terrorista tiene también otra causa: el ingente esfuerzo de Interior y de todas las fuerzas de seguridad, incluidas las autonómicas. Cuando se produjo el 11-M la Policía tuvo que pedir prestados intérpretes de árabe. Ahora los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil dedicados a perseguir a los yihadistas ascienden a 1.800, según Fernández Díaz, muchos de ellos trasvasados de la lucha contra ETA, a la que ya se dedican pocos recursos. A esa cifra hay que sumar los del Centro Nacional de Inteligencia, los Mossos y la Ertzaintza.

El peligro está sobre todo fuera de las fronteras de España, en esa orilla sur del Mediterráneo y en el Sahel, donde Estado Islámico y otros grupos terroristas avanzan sus peones. De puertas para adentro la Península Ibérica es, por ahora, un remanso de paz con una excepción: Cataluña. Es ahí donde la calma reinante puede acabar en tempestad. Mucho antes de que surgiera esta oleada de aspirantes a yihadistas el peligro ya se vislumbraba. «La amenaza en Cataluña está clara», rezaba uno de los tres cables del Departamento de Estado norteamericano dedicados al riesgo terrorista en esa comunidad autónoma desvelados por Wikileaks en 2010. Barcelona es «una encrucijada de movimientos preocupantes», concluía.