El PP tumba en el Senado los objetivos de déficit del Gobierno y Montero asegura que los va a reelaborar

La Ley General de Estabilidad Presupuestaria recoge que el Gobierno deberá recibir el apoyo del Congreso y del Senado a los objetivos de déficit y de deuda para poder elaborar los Presupuestos. Y como el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, tiene la capacidad para rechazar esos objetivos de estabilidad presupuestaria y, por tanto, eso impediría al Gobierno elaborar los presupuestos. Y eso es lo que ha ocurrido este miércoles en el Senado: el PP ha votado en contra de los objetivos de estabilidad del Gobierno y ha forzado a la vicepresidenta María Jesús Montero a reelaborar unos nuevos (tiene un mes). Si bien, Montero ha advertido de que tan solo lo va a reintentar una vez más: si no logra el plácet del Senado, elaborará los Presupuestos pese a que la Ley no lo permita.

De esta manera, el Gobierno sí parece que, inicialmente, se va a ajustar al artículo 15 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aunque parcialmente: por un lado, sí que va a rehacer los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero, por otro lado, también ha avisado que sea cuál sea el desenlace en esa segunda votación, elaborará los Presupuestos. Montero ha reivindicado que los objetivos de déficit y de deuda salieron adelante con una "amplia mayoría" en el Congreso (aunque realmente fueron aprobados por tan solo un voto, de forma agónica) y ha criticado que el PP esté impidiendo que las autonomías y los ayuntamientos tengan "mayor margen" para gastar.

"En caso de que el PP persista en esa estrategia de obstrucción y vete los objetivos de estabilidad, que han sido aprobados por el Congreso por amplia mayoría, volveremos a traerlos a las diferentes Cámaras, tal y como figura en la ley. Y si siguen bloqueándolo, estaríamos a lo dispuesto en la actualización del programa de estabilidad de abril de 2023, que marca los objetivos con menos capacidad de gasto para las administraciones territoriales", ha expuesto Montero, quien asegura que sin la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria, las autonomías se quedarán sin margen de déficit y los ayuntamientos tendrán que acabar el año con superávit. En cambio, si se aprueban esos objetivos, las autonomías contarán con un 0,1% de capacidad de déficit, mientras que los ayuntamientos tendrán permiso para acabar en equilibrio.

"¿Acaso es que la intención no declarada es que las administraciones cuenten con objetivos más estrictos y políticas de contención de gasto?", ha preguntado Montero, quien ha añadido que si el Gobierno se quedara sin elaborar los presupuestos por el rechazo a los objetivos de estabilidad presupuestaria, las autonomías, mayoritariamente gobernadas por el PP, tampoco podrían.

Sin embargo, el senador del PP Gerardo Camps ha rebatido a Montero y ha argumentado por qué el PP mantiene su "no". De entrada, Camps ha acusado a Montero de haber intentado sortear al Senado para que los objetivos de estabilidad no se votaran (con un informe de la Abogacía del Estado que no se ha publicado) y por "amenazar" a las autonomías con "endurecer" el déficit en los Consejos de Política Fiscal y Financiera. En este sentido, Camps considera que la "senda de estabilidad" actual no beneficia a las autonomías y los ayuntamientos, tal y como defiende Montero porque carga el 97% de la capacidad de déficit al Estado y deja tan solo un 3% a las autonomías. "Le pedimos que traiga la misma senda de estabilidad que pedía cuando era consejera de Hacienda. Recuerde cómo se repartía el déficit", ha señalado, porque cuando gobernaba el PP y Montero estaba en la Junta de Andalucía, las autonomías se quedaban con el 20% de la capacidad de déficit total (es decir, tenían más margen de gasto en relación al Estado).

Además, el senador popular ha acusado a Hacienda de "quedarse con 40.000 millones", en referencia a la capacidad de gasto extra que tendría, y ha avisado que ese dinero será para "tener cierto margen para repartir luego ante las peticiones de sus socios de desgobierno": es decir, para luego poder hacer cesiones a los independentistas. "Si lo piensa, con nuestro voto en contra, le podemos ahorrar meses de chantaje", ha señalado. "Eso es lo que tratamos de evitar", ha añadido. "Usted y yo sabemos que mandan Puigdemont, Otegi, Ortuzar", ha continuado, antes de rebajar el triunfalismo del Gobierno con los datos macroeconómicos porque, según ha dicho, no se ha reducido la desigualdad "cojan el índice que cojan", han desparecido 80.000 empresas, el empleo "es cada vez más caro y menos productivo", España está a "la cabeza de Europa en desempleo juvenil, general y femenino" y hay 22 organismos que "bajan previsiones económicas del Gobierno".

Tras Camps, ha tomado la palabra la portavoz del PP en el Senado Alicia García, que ha criticado a Montero porque "nadie se cree sus cuentas" y recordado cómo todas las autonomías del PP (14 de las 19) votaron en contra de los objetivos de déficit y de deuda que planteó la vicepresidenta de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, García ha recordado que esos objetivos de estabilidad no son los del PP y, por tanto, ha justificado el voto en contra: sin embargo, ha mantenido la mano tendida para replantearse el voto en próximas votaciones, siempre que el Gobierno negocie y acepte la rebaja de impuestos (IRPF e IVA) que exigen los populares. García ha criticado el "hachazo fiscal" que suponen los Presupuestos del Gobierno por la presión fiscal que conllevan y ha reprochado el aumento de la deuda desde que llegó Pedro Sánchez al Gobierno: "Es un impuesto diferido que van a pagar nuestros hijos y nietos, y que desincentiva la inversión y estimula la inflación".