Hasta 15 años de inhabilitación por prevaricación y desobediencia

A la presidenta del Parlament se le acumulan los problemas judiciales por hacer oídos sordos a los reiterados mandatos del Tribunal Constitucional de no seguir adelante en la deriva independentista. Horas antes de que el Gobierno reclamase al TC, a través de la Abogacía del Estado, que ponga en conocimiento del Ministerio Público la última desobediencia soberanista a sus resoluciones, fuentes de la Fiscalía General del Estado avanzaban que la Fiscalía de Cataluña se querellará hoy mismo contra Forcadell y el resto de integrantes de la Mesa del Parlament que ayer avalaron con su voto la tramitación de la Ley del Referéndum.

El Código Penal castiga con multas e inhabilitación para el ejercicio de cargo público a las autoridades o funcionarios «que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestida de las formalidades legales». Mayor pena acarrea el delito de prevaricación –la adopción por parte de un cargo público o funcionario de una resolución a sabiendas de su injusticia–, pues tras la última reforma de marzo de 2015 la inhabilitación que lleva aparejada (así como la imposibilidad de concurrir como candidato a procesos electorales) oscila entre los nueve y los 15 años.

La denuncia de la Fiscalía Superior de Cataluña –que se interpondrá ante el Tribunal Superior de Justicia catalán, ante el que están aforados por su condición de parlamentarios autonómicos– se dirigirá no sólo contra Forcadell, sino también contra los miembros de la Mesa del Parlament que han aprobado la admisión a trámite de la ley del referéndum: Lluís Maria Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet (también de Junts pel Si) y Joan Josep Nuet (Catalunya Si Que Es Pot).

El TSJ de Cataluña ya investiga a la presidenta del Parlament y a los miembros de la Mesa de Junts pel Sí (no así al de Catalunya Si Que Es Pot) por desobedecer al TC al permitir que el Pleno de la Cámara se pronunciara en octubre del pasado año sobre dos resoluciones a favor del referéndum soberanista.

El pasado febrero, el Tribunal Superior catalán ya admitió a trámite una querella de la Fiscalía contra esos cuatro miembros de la Mesa por no evitar la votación de propuestas soberanistas (entre ellas la que hacía referencia a la convocatoria de un referéndum declarado expresamente inconstitucional por el TC). La Sala Civil y Penal acordó entonces acumular esa denuncia a la investigación abierta en ese mismo tribunal contra Forcadell por permitir la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que había sido constituida un mes antes ignorando nuevamente los mandatos del máximo garante de la Carta Magna. La denuncia reprochaba a Forcadell su «contumaz y obstinada voluntad de incumplir» las resoluciones del TC. En aquella ocasión, el Ministerio Público excluyó de su denuncia a Nuet, pese a que también votó a favor de la propuesta soberanista, porque a su entender «no pretendía incumplir los mandatos del TC ni llevar adelante un proyecto político con total desprecio de la Constitución», sino que actuó «en la creencia errónea de estar cumpliendo con sus funciones como miembro de la Mesa».

Fuentes fiscales no precisaron si la querella de la Fiscalía de Cataluña incluirá la petición de adopción de medidas cautelares contra la presidenta del Parlament y el resto de denunciados ante la reiteración en su desobediencia a las resoluciones del TC.

Forcadell respondió a través de su cuenta de Twitter. «Ésta es la noción de democracia de los poderes del Estado. En el Parlament continuaremos garantizando que siempre se pueda hablar de todo», escribió.