Ignacio González pasa a estar investigado también en Púnica por la «caja b»

El juez Manuel García-Castellón imputa al ex presidente un día después de que Granados le señalara.

El ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha pasado a formar parte también de la ya larga lista de investigados por la trama de financiación ilegal del PP de Madrid señalada en la «trama Púnica», que tramita el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. La decisión se produce después de la declaración voluntaria del lunes del que fuera vicepresidente de la Comunidad y secretario general de los populares madrileños, Francisco Granados –aseguró que la financiación en b de su partido «la dirigía Ignacio González» y que «usaron empresas públicas para pagar gastos electorales»–, pero es consecuencia directa de la acumulación en ese sumario de la pieza número 4 del «caso Lezo», que investiga los mismos hechos y en los que estaba ya imputado Gonzaléz. En concreto, en esa pieza se intenta averiguar si el Partido Popular madrileño se financió de forma irregular desviando fondos de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), que a su vez los recibía de Indra.

Con su decisión, el juez confirma la investigación e informa a la defensa de González de que puede personarse.

El magistrado García Castellón es también el juez que instruye la causa de Lezo, donde Ignacio González está imputado por presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, malversación, blanqueo, fraude y falsificación documental.

Además de González, en la pieza de la presunta financiación irregular del PP madrileño también se encuentran investigados Juan Miguel Madoz Echevarría y José Miguel Alonso Gómez, administrador y apoderado de la empresa publicitaria Swat, ya investigada en el «caso Lezo».

Según contó Granados este lunes en la Audiencia Nacional, los directivos de esta empresa estarían también en la «estructura» montada por Ignacio González para controlar esa presunta financiación irregular de las campañas de Aguirre.

Asimismo está investigado en esta causa José Ángel Martínez Ferreiro, el hijo del ex consejero delegado de la agencia de Informática y Telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM). Según Granados, dicho organismo público también habría servido para financiar de forma irregular la campaña de Esperanza Aguirre.