Impunidad etarra

El autodenominado Colectivo de Exiliados Políticos Vascos (EIPK, por sus siglas en vasco) volvió a reunir ayer bajo el mismo techo a gente del entorno etarra que, por distintas razones, ha huido de España. Apenas tres días después de que presentara en Hendaya (Francia) una lista de interlocutores para «la resolución del conflicto vasco» avalados por atentados y extorsiones, la plana mayor de la organización, numerosos huidos de ETA y cerca de 3.000 simpatizantes se reunieron en la localidad francesa de Biarritz para pedir que la Justicia haga borrón y cuenta nueva con ellos.

Durante un acto celebrado en el recinto ferial de Irati, los interlocutores Jon Garmendia y Lourdes Mendinueta –ambos residentes en Francia– leyeron un manifiesto en el que se aboga por suspender los procesos judiciales «basados en declaraciones arrancadas bajo tortura» y las órdenes de detención, euroórdenes y extradiciones derivadas, así como aquellos procesos que «ya debieran estar archivados o prescritos según la lesgislación ordinaria», los que «permanecen activos por mor de la legislación de excepción» y los que «vulneran los derechos de opinión, expresión y reunión». Además, el texto pide que se garantice «la libertad de movimiento de los ciudadanos y ciudadanas vascos que se encuentran confinados o deportados en diferentes países del mundo», con el objetivo de «poner fin a esa situación».

En su opinión, todos ellos son «ciudadanos vascos, sujetos y consecuencia de un conflicto político reconocido internacionalmente» y, por ello, creen que «la sociedad vasca y los poderes públicos» deben adoptar medidas para garantizarles «derechos básicos y una vida digna». Entre sus peticiones se encuentra la de ayudar a «todos y todas los exiliados» a volver y la de adoptar «mecanismos» para apoyar a los que estén enfermos.

Asimismo, el manifiesto de EIPK subraya su deseo de contar su particular versión de la realidad a la gente: «En la medida en que lo consideramos un patrimonio de nuestro pueblo, queremos expresar nuestro deseo de compartir lo vivido estos años, así como las razones de nuestro compromiso político».

La lectura de este documento fue uno de los momentos clave del acto, en el que también se leyó otro texto elaborado para la ocasión por el ex preso de ETA Joseba Sarrionaindia –en paradero desconocido desde que se fugó de la cárcel en 1985–, que se mostraba agradecido a quienes «han abierto sus puertas» a los huidos y deportados.

Durante la hora y media que duró el acto, también hubo tiempo para ver varias actuaciones musicales y algunos vídeos, entre los que destacó uno dedicado a aquellos personas del entorno etarra que están ocultas en países como Argelia, Togo, Gabón, Santo Tomé, Cuba, Venezuela o Ecuador. Esta suerte de «Huidos vascos por el mundo» incluía, por ejemplo, el testimonio de Tomás Linaza, que vive en Cabo Verde y al que la Policía vincula con la emboscada y asesinato de seis guardias civiles en Lequeitio (Vizcaya) en 1980. Después de las actuaciones, hubo una comida popular en una zona contigua al recinto.

«Aquí no se habría autorizado»

Atentos a todo lo que ocurría en el encuentro estuvieron la portavoz de EIPK y ex reclusa etarra Kikitza Ruiz de San Vicente; el ex tesorero de ETA Eloy Uriarte, alias «señor Robles»; y los prófugos Jokin Aranalde y Jon Irazola, que hace escasos días subieron un vídeo a Internet en el que exhibían su libertad y parecían burlarse de la Justicia, tal y como publicó LA RAZÓN el pasado viernes.

En vista de estos hechos, expertos consultados por este periódico califican el acto de «reconocimiento del terrorrismo» y aseguran que no entienden «cómo las autoridades francesas lo han permitido», ya que en España nunca se habría autorizado la celebración de un evento de este tipo.

Antes siquiera de que arrancase la convocatoria, ya se sucedieron las críticas, según recoge Efe. Así, la portavoz de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, afirmó que el encuentro era «la consecuencia de todas las cesiones de los gobiernos» a los terroristas, y mostró su deseo de que se detuviese a algún etarra durante el mismo. «Era inimaginable que después de 50 años de asesinatos y de la lacra socialista se permitiera este acto a huidos», aseveró.

Por su parte, el ex lendakari socialista Patxi López apostó por aplicar la ley a presos y exiliados de ETA. «La democracia no es una ciudad amurallada, es una ciudad que tiene puertas para entrar. Cuantos más estemos dentro de esa ciudad, mejor para los demócratas. Todo aquel que quiera hacer ese recorrido, asumiendo los principios y valores, las reglas y las leyes, bienvenido sea. Quien quiera hacer trampas no será bienvenido», indicó.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el consejero de Justicia y Presidencia Salvador Victoria, fue algo más allá y calificó el acto de «barbarie», al estar «promovido» por aquellos que «han defendido posiciones terroristas».