Imputados de nuevo ocho policías por el «caso Gao Ping»

La «operación Emperador» estalló en octubre de 2012. En la imagen, Ping
La «operación Emperador» estalló en octubre de 2012. En la imagen, Ping

La Audiencia obliga a investigar a los agentes por favorecer a la «trama Emperador» a cambio de jamones y entradas de fútbol.

«Yongping –Gao Ping– tenía a su disposición prácticamente a todos estos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, moviendo su voluntad» como pago por sus servicios «que se dice en “jamones”, “entradas de fútbol” o “cajas de vino”». Éste es uno de los argumentos principales que esgrime la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para estimar el recurso del fiscal y que se vuelva a imputar en el «caso Emperador» a ocho policías, respecto a los cuales el juez Fernando Andreu ordenó el sobreseimiento provisional.De esta forma, los policías nacionales Manuel Patricio Rodríguez San Román, Blas Donoso Adán, Federico Sánchez de Frutos, Ángel Luis Olmedo Ovejero, Francisco García Frade, Miguel Ángel Gómez Gordo y Pablo García Lozano, así como al policía municipal de Fuenlabrada Mario José Selas Martínez, volverán a estar imputados por los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho.

La Sala, integrada por los magistrados Alfonso Guevara, Carmen Lamela y Antonio Díaz Delgado, tras destacar cómo la Fiscalía detalla sin «ambages» los indicios contra cada uno de esos agentes, destaca que todos ellos «estaban vinculados» con Gao Ping, «de forma tal que parece que que movía la voluntad» de los mismos, «en el sentido, por ejemplo, de disponer de las bases de datos policiales, en concreto de la Dirección General de Policía, para poder obtener, respecto de terceros, datos personales de éstos sin autorización alguna, terceros bien de nacionalidad china o española, así como vincular a los funcionarios de la Policía Local de Fuenlabrada para realizar gestiones a favor de yongping, respecto a los intereses comerciales de éste». Esa forma de actuar, añade la resolución, no es «razonable» ni tiene «justificación legal alguna». Algunos de esos agentes eran entonces altos cargos del Cuerpo Nacional de Policía, de la Brigada de Extranjería, algunos de ellos con cargo de comisario e inspector, así como otros miembros de la Policía y funcionarios de la Policía Local de Fuenlabrada.

También alude la Sala a la utilización de un lenguaje «encriptado» en algunas conversaciones mantenidas por algunos de los imputados con el considerado líder de la «trama china», como la desarrollada entre Manuel Patricia y Gao Ping, en la que el primero le propone presentarle al concejal de Urbanismo de Coslada.

En relación con otros cuatro policías, la resolución destaca la existencia de indicios delictivos, «con regalos y/o gestiones realizadas por estos imputados siempre a favor de Yongpingo sus familiares o allegados», o incluso cómo uno de ellos «parece exigirle» al líder de la trama cuatro mil euros tras regresar de un viaje oficial a Pekín.

Otro de los imputados, Policía Local de Fuenlabrada, presuntamente, aprovechaba su condición para realizar funciones propias de su cargo «en su propio beneficio, esto es, facilitándole información confidencial –a Gao Ping– y efectuando inspecciones en comercios de la competencia», recibiendo por ello «diversos favores».

En lo que se refiere al inspector de Policía F. S., la Sala, tal como señala el fiscal, entiende que hay indicios de un «enriquecimiento» que no está justificado «y no se corresponde con su capacidad económica como funcionario público».