Interior controla de dónde procede el dinero que reciben los presos islamistas en España

El Plan contra la Radicalización se aplica actualmente a 150 yihadistas que cumplen condena por terrorismo.

Las cárceles españolas albergan más de 24.000 internos, sin contabilizar los existentes en Cataluña, de los que unos 6.300 son originarios de países del mundo árabe. Sólo una mínima parte de ellos están vinculados con el islamismo, y de forma concreta, con el terrorismo yihadista. Sin embargo, el Gobierno no quiere que los centros penitenciarios se conviertan en lugares de adoctrinamiento y captación de futuros terroristas que se puedan incorporar a alguna célula islámica, integrarse o Al Qaeda, o al Estado Islámico o decidan actuar como «lobos solitarios». Por ello, el Ministerio del Interior ha elaborado un «Programa de Intervención con internos islamistas en centros penitenciarios», para evitar que pueda realizarse esa labor de proselitismo, una vez que se ha constatado que las prisiones constituyen un entorno «propicio para aquellos procesos, tanto de captación por internos radicalizados de personas proclives a la utilización de la violencia, como de evolución personal hostil a los valores que configuran los estados democráticos». De esta forma, actualmente Interior, a través de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, controla de forma más exhaustiva, a la vez que discreta, a unos 60 presos islamistas que se considera que pueden ejercer liderazgo e influencia sobre otros internos musulmanes que acabe con que algunos de ellos se integren en alguna organización terrorista de carácter yihadista; aunque, lógicamente, no son los únicos a los que se les aplican dichas medidas. De hecho, según informaron a LA RAZÓN fuentes gubernamentales, en estos momentos hay entre 140 y 150 presos yihadistas a los que se les está aplicado el «Plan contra la Radicalización». Sobre esta cuestión, El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció ayer que llevará al Consejo de Ministros un plan de lucha contra la radicalización violenta, para elaborar una «contranarrativa al relato del discurso yihadista que a través de las redes pretende incitar al odio, a la comisión de delitos y a reclutar, a la financiación y a la logística de organizaciones yihadistas».

Con el programa que actualmente desarrolla Instituciones Penitenciarias en las prisiones se trata de buscar «de forma discreta» toda la información posible sobre esos presos, para determinar si se han radicalizado o pueden ser captados para integrarse en la lucha yihadista una vez salgan de prisión. Un control que va desde la observación de las conductas y comportamientos a cacheos y controles, e incluso de lo que cada uno de esos presos islamistas tiene en su «peculio», es decir, del dinero que disponen para sus gastos personales. Se trata con ello de determinar si quien les realiza los ingresos puede tener alguna vinculación con este tipo de terrorismo. Esas medidas de control se llevan a cabo sobre tres grupos de esos internos. En el primero se integrarían los presos que hayan sido condenados o procesados por hechos relacionados con grupos u organizacones terroristas de carácter islamista; en el segundo estarían aquellos internos que, sin estar en prisión por pertenencia o colaboración con ese tipo de terrorismo, puedan haberse vinculado con posterioridad a algunas de esta organizaciones, así como los que ejerzan un «rol de liderazgo sobre otros internos, utilizando estas fortalezas para desarrollar labores de proselistimo y captación», quienes lideren «grupos de presión y coacción» para obligar a otros presos musulmanes «a seguir los postulados más radicales de la religión islámica»; y el control se ejerce igualmente sobre un tercer grupo en el que quedan integrados aquellos que hayan incitado o protagonizado incidentes dentro de las cárceles que puedan asociarse a «interpretaciones rigoristas o radicales de la religión islámica», así como los que hayan participado en «presiones» a otros presos musulmanes para obligarlos al cumplimiento de los preceptos islámicos.