Interrogatorios de última hora retrasan a diciembre el futuro judicial de la Infanta

Aunque el plazo concluía el próximo miércoles, el juez José Castro tomará declaración a varios testigos en Valencia a finales del presente mes de noviembre.

Las acusaciones del «caso Nóos» tendrán más tiempo para presentar sus escritos de conclusiones provisionales, en los que deben incluir la relación de imputados que se sentarán en el banquillo, los delitos que se les atribuyen y las penas que solicitan por esas conductas supuestamente delictivas. El plazo concluía el próximo miércoles pero, según confirmaron fuentes jurídicas, en las próximas horas el juez José Castro dictará una resolución, a instancias de la Fiscalía, en la que lo dejará en suspenso hasta que practique unas diligencias de última hora relacionadas con el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau. Este nuevo contratiempo procesal retrasará hasta la primera quincena de diciembre el auto de apertura de juicio oral.

Imputado en el descuento por la Audiencia Provincial de Palma –en la misma resolución en la que, el pasado día 7, el tribunal mantenía la imputación por delito fiscal contra la Infanta Cristina– la defensa de Grau se quejó al magistrado por escrito de la «gravísima e insuperable indefensión» que le ha provocado esa decisión in extremis de la Sala cuando la instrucción ya estaba cerrada y no ha podido «solicitar pruebas que considerasen necesarias para su defensa».

Tras recibir el recurso de Grau contra su decisión de abrir el plazo legal de diez días para presentar los escritos de acusaciones, Castro ha decidido finalmente, para despejar cualquier atisbo de indefensión, trasladarse a Valencia junto con el fiscal anticorrupción Pedro Horrach para tomar declaración a varios testigos propuestos por el vicealcalde, previsiblemente los próximos días 28 y 29. En su recurso de reforma del pasado día 13, la defensa de Grau no pedía la práctica de diligencia alguna, pero sí lo hizo en un escrito remitido al juez el 13 de junio, en el que se oponía a la imputación de su cliente, como reclamaban Manos Limpias y la acusación que ejercen varios concejales socialistas del Ayuntamiento de Valencia.

Entonces, la defensa de Grau pidió que declarasen como testigos los 13 miembros del patronato de la Fundación Turismo Valencia para aclarar el papel del vicealcalde en los convenios firmados con el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarín y Diego Torres en 2004, 2005 y 2006 para la organización de tres Valencia Summit, los polémicos foros de deporte y turismo. Además, solicitaba que se tomase declaración en calidad de perito a un catedrático de Derecho Administrativo que redactó un informe avalando que esa fundación no debía someterse en esas contrataciones, por su carácter privado, a la Ley de Contratos Públicos, al contrario de lo que mantienen tanto el juez Castro como el fiscal Horrach y la propia Audiencia de Palma.

Fuentes jurídicas consideran esas testificales «relevantes» para disipar «cualquier atisbo de indefensión», aunque el magistrado no considera necesario dictar un nuevo auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado (equivalente al auto de procesamiento) incluyendo los hechos y los delitos que se imputan a Grau, a quien él mismo rechazó imputar el pasado junio, sobreseyendo las actuaciones contra el vicealcalde sin necesidad de practicar las diligencias solicitadas por Grau.

Una vez se interrogue a los patronos de la Fundación y se transcriban sus declaraciones, se dará traslado a las partes de esas diligencias y se reanudará el cómputo del plazo para presentar los escritos de acusación desde el momento en que se haya acordado la suspensión (no será, por tanto, de diez días).