Ione Belarra ha pedido al Tribunal Supremo que la demanda que le interpuso el magistrado jubilado Manuel García Castellón por llamarle "corrupto" se quede en este órgano. La líder de Podemos se ampara para ello en una sentencia del Tribunal Constitucional, de la que fue ponente el magistrado conservador Antonio Narváez, con la que reivindica que el alto tribunal no puede echar marcha atrás ahora y derivar la demanda a un juzgado ordinario.

Belarra responde de esta forma al requerimiento del Supremo que planteó su competencia sobre este asunto en aras a aclarar si Belarra profirió los insultos en su condición de diputada (y, por lo tanto, aforada al alto tribunal) o como ciudadana rasa. Belarra se suma al criterio de la Fiscalía y del propio demandante para pedir que el asunto se resuelva en el alto tribunal.

Cabe recordar que el magistrado de la Audiencia Nacional le demandó por vulneración de su derecho al honor al llamarle "prevaricador" y "corrupto" en su cuenta personal de X. Se trata de unas manifestaciones que repitió posteriormente y que le valieron una ampliación de la demanda, por la que le pide una indemnización de 240.000 euros y que se le condene a publicar el contenido de la sentencia en su cuenta personal de la red social donde le insultó.

Conexión con su cargo de diputada

“Hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García-Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza", expuso la líder de la formación morada en sus redes sociales en septiembre de 2024, coincidiendo con la jubilación del magistrado de la Audiencia Nacional.

García Castellón, que dirigió causas que afectaron a Podemos (como el caso Villarejo) destacó en su demanda el alcance mediático de su comentario por su condición de diputada y secretaria de un partido político. Además, dijo que las acusaciones eran "absolutamente falsas" y que "inexcusablemente" atentaban contra su honor y su prestigio.

Ahora, tras la audiencia previa celebrada entre las partes, reivindica que no se puede disociar a la persona del cargo que ostenta y que su mensaje fue continuación de las palabras pronunciadas previamente en el Congreso de los Diputados. "Existe una clara conexión material entre el mensaje publicado en redes sociales con la actividad parlamentaria de la misma", reza el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

En el mismo recuerda que el inicio de su mensaje en redes sociales apelaba a su intervención previa en la Cámara Baja del 26 de junio del año pasado, en la que aludió a la "guerra sucia judicial" del Partido Popular contra el presidente del Gobierno. "¿Van a rendir cuentas los jueces García Castellón y Escalonilla por la persecución de Podemos (...). No hace falta que me conteste a eso, ya se lo digo yo. Ninguno de estos jueces que han participado en la guerra sucia van a rendir cuentas después de este acuerdo", expuso. El acuerdo al que se refería, según explica su defensa en este escrito, fue la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactada hace ahora un año entre el PP y el PSOE tras cinco años de bloqueo.

Sentencia de un magistrado conservador

Por todo ello, defiende la "conexión material" de sus acusaciones con el ejercicio de sus funciones y dice, además, que la cuestión relativa a la competencia del alto tribunal se ha tratado y resuelto, por lo que se vulneraría su derecho a la tutela judicial efectiva si ahora se cambiara de parecer.

De hecho, Belarra (que también acusó de prevaricar a los magistrados de este alto tribunal que condenaron a Alberto Rodríguez) alude a una presunta vulneración del principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales. Para ello recurre a la reciente resolución del Tribunal Constitucional de la que fue ponente el exmagistrado conservador de este órgano, Antonio Narváez, sobre un recurso que interpuso Javier López Madrid. El empresario y exconsejero de Bankia denunció vulneración de sus derechos fundamentales con la instrucción del caso Púnica, que, paradójicamente, instruyó el magistrado Manuel García Castellón. El TC desestimó el recurso y avaló la prórroga de la investigación relativa a la caja B del PP madrileño.

La defensa de la diputada de Podemos se hace eco de la doctrina constitucional que estableció el fallo de Narváez acerca de la intangibilidad de las resoluciones firmes; esto es, de la veda a los jueces a que revisen su juicio efectuado en un caso concreto, incluso aunque entendieran que la decisión no se ajusta a la realidad. Así pues, concluye que la resolución del Supremo por la que admitió la demanda de García Castellón tras constatar su competencia, goza de autoridad de causa juzgada.

Atacó al TC en 2022: "Es ajeno al orden constitucional"

Aunque Belarra acude ahora a pronunciamientos del tribunal de garantías, en el pasado reciente ha arremetido duramente contra el mismo cuando su mayoría era de sensibilidad conservadora. En concreto, en una entrevista concedida a El Diario.es en diciembre de 2022, se pronunció sobre la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la reforma legal del Gobierno de Pedro Sánchez para desbloquear su renovación.

Dicho fallo, que salió adelante con los votos del bloque conservador (incluido el de Narváez) fue, en palabras de Belarra, "inédito" y ajeno "al orden constitucional". "Está fuera de la legalidad en España. Forma parte de una estrategia que es golpista por parte de la derecha y tiene que ver con que el Partido Popular y también con al derecha mediática y judicial, que no respetan lo que se votó en las elecciones de 2019", expuso entonces.